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Yacyretá: el juicio de los 200 millones de dólares

Esta semana en Comodoro Py, el Tribunal Oral Federal 4 inició el juicio oral y público contra empresarios por la construcción de la represa hidroeléctrica Yacyretá, luego de treinta años de la primera denuncia por reembolsos que habrían evitado pagar los empresarios al Estado argentino por más de 190 millones de dólares para la construcción de la mega obra pública. En el primer juicio “Yacyretá” fueron condenados ex funcionarios. ¿Hoy cómo está Yacyretá?

Se juzga la responsabilidad penal de los empresarios Guillermo Henin, Robert Jacques Ortega y Gianfranco Rizzo en el delito de administración fraudulenta, en el marco de la adjudicación y construcción de la represa hidroeléctrica de Yacyretá. El fiscal general Abel Cordoba, a cargo de la Fiscalia n°2, intervendrá en el juicio.

Por una denuncia realizada el 22 de septiembre de 1988, en Tribunales de Comodoro Py, comenzó hoy el segundo juicio, esta vez contra los privados: Guillermo Henin, director de la firma Dicmar S.A, quien está en New York autorizado por el Tribunal, Gianfranco Rizzo, representante de la firma Impreglio S.A quien reside en Italia, y Robert Ortega, quien estuvo a cargo de las adjudicaciones.

Debido a problemas de salud, el único de los presentes en la sala de audiencias fue Henin, mientras que los otros estuvieron en sus respectivos domicilios. La denuncia original la hizo Alberto Assef, actual dirigente político aliado a Cambiemos tras el desaire a José Luis Espert.

Al borde de la prescripción de la causa, al fin se inició el juicio pero este medio no cree que haya Justicia porque la demora en la Justicia no es Justicia.

Según la denuncia, hubo un supuesto fraude a la arcas del Estado por reembolsos de 191.004.275,39 de dólares, que al cambio de hoy una friolera de 11.460 millones de pesos con el dólar a 60 pesos, realizada por la Unión Transitoria de Empresas a cargo de la construcción de Yacyretá. Las maniobras habrían consentido en la percepción indebida de reintegros impositivos por neumáticos importados y hormigón fresco utilizado durante la obra, al amparo de la ley 20.852 y normativas reglamentarias.

En 1999 se decretó la prescripción del caso pero el contador Antonio Casanoba denunció un nuevo hecho por la construcción de Yacyretá, vinculado también a reembolsos que pagó el Estado en relación al 15 por ciento por el hormigón utilizado y el 25 por ciento por los neumáticos.

Dichas acciones habrían generado un perjuicio al Estado estimado en 191.004.275,39 dólares. En el momento en que ocurrieron los hechos Henin era el titular de la consultora DICMAR, mientras que Rizzo y Ortega fungían como gerente general y representante, respectivamente, del consorcio contratista Eriday Ute.

En 2017, el presidente Mauricio Macri y su par de Paraguay, Horacio Cartes, firmaron un acta de entendimiento que apunta a ordenar la situación económico financiera de la Entidad Binacional Yacyretá, compuesata por ambos países.

“Así, el accionar de los aquí enjuiciados ha constituido, con sus distintos matices, un engranaje necesario para completar las numerosas maniobras defraudatorias denunciadas, que al consumarse –paulatinamente– en cada uno de los trámites por los cuales se abonaron los importes por reembolsos al contratista adjudicatario UTE ERIDAY, causaron un millonario perjuicio al Estado Nacional”, señaló el requerimiento de elevación a juicio.

La causa pasó por seis jueces federales y ahora por el Tribunal Oral Federal 4 declararán 30 testigos en el proceso y también se evaluará de por sí si el caso está o no prescripto por el paso del tiempo.

Es el segundo juicio por el hecho, pues en uno realizado en 2013 se condenó a seis ex funcionarios de la subsecretaría de Industria de la Nación, entre ellos el ex subsecretario Miguel Ángel Cuervo, con penas de hasta cuatro años de prisión.

El primero concluyó el abril de 2013 cuando el Tribunal Oral Federal 6 condenó a seis ex funcionarios de la Subsecretaría de Industria de la Nación -entre ellos el ex subsecretario Miguel Ángel Cuervo– a penas de entre cuatro y tres años de prisión por el reintegro ilegal de más de 17 millones de dólares a la empresa italiana Ansaldo Energía Spa por la venta de cinco generadores para Yacyretá.

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