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Una lavandería exitosa: vendía drogas a los presos

La fiscalía federal de este departamento judicial realizó la acusación por asociación ilícita, lavado de dinero e infracción a la ley penal tributaria contra siete personas que ya fueron indagadas.

La Justicia Federal de Mar del Plata, a través de la labor del juez Santiago Inchausti y la fiscal Laura Mazzaferri, logró desbaratar una organización acusada de ingresar estupefacientes para su venta a personas privadas de su libertad, y que además sacaba un gran rédito económico porque no alquilaba local ni pagaba salarios en tiempo y forma a sus empleados, la mayoría detenidos.

El líder de la banda que está acusado de la venta de drogas desde la lavandería de la cárcel es un ex agente penitenciario a cargo de la firma de lavandería industrial que prestaba servicios en las unidades penales X de Melchor Romero en La Plata y XV de Batán.

Además, los acusados habían comenzado a desplegar maniobras para evadir deberes tributarios utilizando un doble sistema de facturación: el cobro de cheques por fuera del sistema financiero formal, utilizando intermediarios no autorizados, y la entrega de facturas apócrifas para ocultar al fisco sus verdaderos ingresos, según informaron desde la fiscalía a Tiempo Judicial.

De acuerdo a la investigación, al menos desde 2008 y hasta abril de 2017 el principal acusado aprovechó su pasado como agente del Servicio Penitenciario Bonaerense para firmar un convenio en dos unidades penales en el marco del Programa de Reinserción “Incluirse”, para la explotación del área de lavandería ubicada en el interior de las cárceles. La firma que figuraba como proveedora del Estado provincial estaba a nombre de la madre del “ex agente” que permanece detenido.

La empresa utilizaba de manera exclusiva las instalaciones de los penales y, al mismo tiempo, aprovechaba la mano de obra precaria brindada por los internos que lavaban la ropa blanca quirúrgica a clínicas y sanatorios privados de Mar del Plata y de La Plata.

El acceso al área de lavandería requiere el ingreso de rodados con bolsones de ropa y ese fue el medio que utilizaron los investigados para pudieran ingresar de manera oculta las drogas a la unidad penal de Batán. Luego serían vendidos a los internos. Según la investigación, la voluminosidad del trabajo que desplegaba el área de lavadero dio para la banda un “alto rendimiento económico”.

Los roles de la organización

El rol del principal acusado fue clave. Había sido agente del SPB desde 1990 hasta 2006 y todos sus contactos dentro de la fuerza le permitió obtener, mediante una contratación directa firmada por su madre como cabeza de la empresa de lavandería, el beneficio de la explotación de las máquinas del área de lavandería de las Unidades X de Melchor Romero y XV de Batán; y una vez posicionado en el lugar, organizar una sociedad delictiva.

El principal acusado obtuvo, mediante una contratación directa, el beneficio de la explotación de las máquinas del área de lavandería de Melchor Romero y Batán.

Otra persona de la banda delictual operaba desde adentro de la cárcel de Batán las órdenes que el líder daba desde La Plata, encargándose incluso de gestionar los pagos de los reclusos. En algunas oportunidades debía recurrir a otro implicado, quien a través de su financiera descontaría cheques de la empresa obteniendo una ganancia propia al cobrar un 2 por ciento del valor total de la suma a percibir. Con este accionar beneficiaba a quien lideraba la asociación en el ocultamiento de su dinero.

Por otro lado, otro hombre ejecutaba de manera directa las órdenes pero en la cárcel de Melchor Romero, y le habría informado a los líderes de la banda que la firma de lavandería industrial estaba siendo investigada. 

En tanto, la pertenencia del principal acusado al SPB durante 16 años le habría permitido quedar bajo el amparo de una “connivencia por parte de algunos funcionarios que permanecieron en el organismo”, y así poder ingresar a “explotar el área de lavandería sin control alguno de cumplimiento de cargas sociales, jornadas laborales ni medidas de seguridad e higiene”.

La Fiscalía encuadró los hechos en los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero –con el narcotráfico entre los delitos precedentes- e infracciones a la ley penal tributaria.

Indagatorias

A raíz de esto, en los últimos días de octubre el juez Inchausti ordenó la declaración indagatoria en los términos del artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación, entre otros a un funcionario del SPB y a un ex director jubilado de la Unidad Penal XV de Batán y empleado civil de la firma de lavandería, acusados de haber integrado una asociación ilícita, en miras de lavar de dinero en forma habitual y organizada, proveniente de infracciones a la ley de estupefacientes 23.737 y la ley de impuesto a las ganancias 27.430; y a la vez por realizar maniobras tendientes a obstruir y ocultar la actividad ilícita desarrollada por la organización investigada.

Las calificaciones legales que la fiscal Mazzaferri solicitó en distintos dictámenes son por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero –con el narcotráfico entre los delitos precedentes- e infracciones a la ley penal tributaria. Además, en el marco de la presente investigación, respecto de algunos de los imputados, el juez había dictado procesamiento por el delito de tenencia ilegítima de arma. Falta la decisión del juez Inchausti.

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