Una investigación que duró más de dos años entre las pesquisas de varias jurisdicciones judiciales dio por confirmada la detención de una banda que se encargada de “traficar” migrantes de origen africano con el propósito de utilizarlos para la venta ilegal de mercadería falsa donde también los acusa del delito de trata de personas. 

La investigación de más de dos años también desenmascaró la presencia de una organización que facilita el ingreso irregular al país de ciudadanos que en su mayoría vienen de Senegal, por la frontera de Misiones, según informaron a Tiempo Judicial desde la fiscalía porteña.

Una vez en Argentina, la organización les consigue residencias precarias de forma ilícita y los traslada en vehículos particulares que operarían como remises que son denominados “mulas”.

A partir de una extensa investigación llevada adelante por la Fiscalía Penal, Contravencional y Faltas N° 35, a cargo de la fiscal Celsa Ramírez, se pudo establecer que la mercadería ilegal que fue secuestrada en la vía pública de la Ciudad de Buenos Aires, provenía de Brasil y era ingresada al país y trasladada a la Ciudad de manera ilegal.

Ante los datos que surgieron de la investigación la fiscal Ramírez, se reunió este año, en diferentes oportunidades con autoridades judiciales y de fuerzas de seguridad de la provincia de Misiones, para poder coordinar medidas y avanzar en la investigación sobre los cabecillas de la organización.

La mercadería ilegal entraba a Misiones desde la localidad fronteriza de Santo Antonio do Sudeste en Brasil . Esa mercancía era trasladada vía terrestre a unos depósitos ubicados en la ciudad de San Antonio en Misiones.

Desde allí se distribuían los productos a través de una empresa de transporte en camiones de encomiendas. Las encomiendas que llegaban a la Ciudad de Buenos Aires eran retiradas por dos ciudadanos senegaleses que usaban sus camionetas para repartir la mercadería en diferentes puntos de acopio, que eran utilizados como depósitos y también viviendas de senegaleses que comercializan de forma ilegal en la vía pública.

Créditos: MPF CABA.

Megaoperativo conjunto en CABA y Misiones

La fiscal Ramírez solicitó 10 allanamientos en la provincia de Misiones, la mayoría a depósitos de la empresa de transporte ubicados en las localidades de Posadas, Eldorado, Puerto Iguazú, Wanda, San Antonio.

En esta investigación, se realizaron 48 allanamientos inmuebles y puestos irregulares en la Ciudad de Buenos Aires, en los que se ha logrado secuestrar gran cantidad de mercadería, y se encuentran involucradas alrededor de 102 personas, en su gran mayoría de nacionalidad senegalesa.

Los operativos realizados el pasado 10 de septiembre por la Policía de la Ciudad y Prefectura Naval Argentina fueron autorizados por el Juzgado Criminal y Correccional Federal de Eldorado N° 1, a cargo de Miguel Angel Guerrero, y el Juzgado Criminal y Correccional Federal de Posadas, Dra. María Verónica Skanata.

Durante los operativos se secuestró documentación relacionados con pasajes y envíos de mercadería, equipos de soporte informático, videos de seguridad y teléfonos celulares.

La fiscal Ramírez participó de los allanamientos en Misiones y pudo comprobar que durante los operativos se identificó a numerosas personas de origen senegaleses que trabajan en una empresa de transporte en Misiones, y que no pudieron acreditar los permisos de trabajo ni de residencia. Asimismo se pudo acreditar que la empresa de transporte facilita el envío de productos ilegales y encubre su contenido.

Además por la misma investigación, se realizó un allanamiento en un domicilio en la provincia de Buenos, en la zona de Pablo Nogues, dispuesto por el Juzgado Garantías de San Martín, a solicitud de la Fiscalía de 1° Instancia en lo Penal, Contravencional y Faltas N° 35, a cargo de la fiscal Celsa Ramirez.

En los operativos llevados adelante en la provincias de Misiones y de Buenos Aires estuvieron presentes funcionarios de la la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), también concurrió con un equipo de rescate. Además participaron funcionarios de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) quienes brindan aportes en las materias propias de su competencia, toda vez que a lo largo de esta pesquisa se ha vislumbrado la posibilidad de que exista no sólo Criminalidad Económica, sino también Trata de personas.