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Se aprobó un régimen de patrocinio porteño

La Legislatura porteña sancionó este jueves la ley que crea el “Régimen de Patrocinio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Se aprobó por 31 votos positivos de la bancada oficialista y 24 negativos del resto de los legisladores.

En la norma, se expresa en su artículo primero, que se propone “propiciar la participación de personas humanas o jurídicas de carácter privado en el Sector Público” y define como Patrocinio “al aporte económico de carácter no tributario que realicen las personas humanas o jurídicas de carácter privado en contraprestación a la difusión del nombre, denominación, marca, imagen, productos y/o servicios del patrocinador”.

El proyecto fue de autoría conjunta de los diputados Diego García Vilas, Maximilano Ferraro y Agustín Forchieri (VJ) y llegó al recinto de sesiones con despacho de la Comisión de Presupuesto, que conduce Paula Villalba (VJ).

La ley determina que los “activos patrocinables” son:  Programas, eventos y/o actividades de carácter cultural, educativo, turístico, social, tecnológico, comercial, deportivo y/o recreativo. Así como Sedes e instalaciones.  Restauraciones de entornos urbanos, edificios, monumentos, fuentes ornamentales, esculturas y toda clase de bienes muebles o inmuebles de interés histórico, artístico o cultural.  O Campañas de comunicación, concienciación y prevención en materia de salud, educación, cultura, seguridad vial y medio ambiente.

En cuanto a los aportes de los privados, se estipuló en la ley que podrán “consistir en una contribución en dinero y/o en la provisión de bienes y/o servicios. La provisión de bienes y/o servicios deberá servir a un fin público y guardar relación económica con el patrocinio”. A cambio, el gobierno de la Ciudad podrá publicitar el nombre y las actividades del patrocinador, sus productos o servicios.

La autoridad de aplicación, que la determinará el Poder Ejecutivo, “definirá los límites, las condiciones de seguridad y las pautas de estilo de la presencia del Patrocinador, priorizando el carácter público del activo patrocinado y su valor patrimonial”. También se le otorga a esa autoridad la atribución de plicar penalidades y sanciones, suspender o rescindir los convenios.

Los anuncios -previene la ley- deberán ser colocados en estructuras temporales e indefectiblemente retirados a su finalización (de la actividad patrocinada) y “no podrá ser superior al espacio que ocupa la comunicación institucional que contiene el activo patrocinado”.

“El espacio destinado a dar a conocer la persona del patrocinador en las campañas de comunicación, concienciación y prevención en materia de salud, educación, cultura, seguridad vial y medio ambiente, no podrá ser superior al 20% del total de cada anuncio”, es otra de las acotaciones.

No podrán ser patrocinantes todas las personas físicas o jurídicas inhabilitadas por la ley de compras y contrataciones de la Ciudad; tampoco los partidos políticos o candidatos a cargos electivos; ni agentes o funcionarios púbicos. No podrá tampoco publicitarse propuestas o propaganda político partidaria.

La norma sancionada, a su vez, prescribe que los anuncios que se difundan no pueden atentar contra la dignidad de las personas y vulnerar derechos o garantías consagrados constitucionalmente, así como queda prohibido “promover conductas discriminatorias, violentas o perjudiciales para la salud y/o el medio ambiente que puedan afectar la dignidad de las personas y/o menoscabar la imagen institucional del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”.

Durante el debate, el diputado Maximiliano Ferraro (VJ) hizo de miembro informante y dio a conocer los detalles del proyecto que se iba a votar. Concluyó que la norma propuesta “permitirá aumentar la responsabilidad social empresaria y financiar acciones públicas en beneficio de toda la sociedad”. García Vilas, en tanto, cerró la lista de oradores con refutaciones a las críticas opositoras.

Desde todos los bloques de la oposición se aregumentaron razones para oponerse a la iniciativa oficialista. Hablaron al respecto Javier Andrade (UC), Marcelo Gouoman (Ev), María Rosa Muiños(BP), Roy Cortina (PS), Carlos Abrevaya (Gen), Marcelo Depierro (MJ), Laura Marrone (IS) y Gabriel Solano (FIT).

Las críticas referían a los supuestos fines recaudatorios injustificados, la falta de control parlamentario de los convenios que se suscriban entre el Estado de la Ciudad y los particulares, el riesgo de que el esponsoreo influya en los cursos de acción política en materias sensibles como educación, salud, justicia, cultura y otros, que se permiten muchas discrecionalidades de la autoridad de aplicación, que no queda claro cuáles son los objetivos que se buscan, que se trataría de “un avance privatizador” y que no hay claridad respecto de los límites para aplicar el patrocinio.

“Parece que los bloques opositores están refiriéndose a otra ley -replicó García Vilas- porque está claro que el gobierno tiene responsabilidad y hay un Estado presente”. Aclaró seguidamente que “la norma tiene límites muy claros”, que cada patrocinio deberá tener un previo convenio entre las partes, cuyo contenido será dado a publicidad y hay disposiciones sobre el uso racional y eficiente de los recursos. Apuntó que la ley estipula que el patrocinio debe “servir a un fin público” y que se debe “priorizar el carácter público del activo patrocinado y su valor patrimonial”.

Homenaje al jurista español González Pérez

Fue organizada por el Instituto de Derecho Administrativo de la Academia Nacional de Derecho, conjuntamente con la Escuela de Formación en Abogacía Pública de la Procuración General, la jornada en homenaje al jurista español Jesús González Pérez “Cuestiones sobre procedimientos y procesos administrativos” se realizó en el salón Dorado del Palacio Legislativo.

La apertura del evento estuvo a cargo del Procurador General de la Ciudad, Dr. Gabriel Astarloa, del Director del Instituto de Derecho Administrativo de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, Juan Carlos Cassagne, del abogado y Dr. en Derecho y Ciencias Sociales, Roberto Luqui, y del diputado de la ciudad Diego Marías (VJ).

“Es importante la realización de esta jornada para informarnos y seguir creciendo, además de destacar los frutos del legado de González Pérez”, sostuvo el Dr. Astarloa en sus palabras de bienvenida. Además agregó: “Tender puentes, acercar, capacitarnos y poseer la convicción de tener el poder de la palabra cargada de pensamientos es esencial. Vincular la política con los derechos sociales hoy en día resulta fundamental”.

Crédito: Legislatura porteña.

Por su parte, el diputado Marías afirmó: “Es un placer que elijan la Legislatura para abordar esta jornada de conversación y debate que recorrerá diferentes temas. El objetivo es rendir tributo a un gran jurista que puso en discusión cuestiones administrativas y de gran importancia para el ámbito del derecho”.

Se realizaron diferentes paneles en los que expusieron expertos en la temática, académicos, abogados y juristas. Algunos tópicos tratados fueron “La influencia de Jesús González Pérez en el derecho administrativo”, “Tribunales administrativos y tribunales contencioso administrativos en la República Argentina”, “Los recursos directos ante la justicia contencioso administrativa”, “Procedimiento administrativo y tutela administrativa efectiva”, “Medidas cautelares” y “La ética de la idoneidad”, entre otros.

Breve biografía

El 27 de enero pasado falleció en Madrid, España, Jesús González Pérez, uno de los más grandes juristas hispanos que dedicó la mayor parte de su vida al estudio y enseñanza del Derecho Administrativo y del Derecho Procesal Administrativo.

Doctor en Derecho y en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense, con premio extraordinario, ha estado vinculado a esta Universidad desde 1945. Fue miembro de diferentes organismos destacados de España, dirigió diversos cursos y fue autor de un extenso volumen de publicaciones que han alcanzado una difusión internacional.

El profesor González Pérez no ha limitado sus actividades a las académicas y a las legislativas. En su vida ocupó siempre un lugar preferente la aplicación práctica del Derecho en ámbitos y aspectos muy distintos. Hasta sus últimos días, con 94 años, José continuó con su labor académica con la asistencia semanal a las Reales Academias y la redacción de nuevos libros, así como la reedición y actualización de los ya editados.

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