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Ciudad: se aprobó la Reforma del Código Procesal Penal

Hace instantes, la Legislatura porteña aprobó una iniciativa del Poder Ejecutivo que contaba con despacho de dos comisiones legislativas para robustecer la “oralidad y el sistema de audiencias así como la resolución de conflictos”. Hubo críticas de legisladores socialiastas y de izquierda al proyecto porque habilita “herramientas judiciales para el espionaje”. 

Las modificaciones al Código Procesal Penal vigente para adaptarlo y actualizarlo en el marco de las competencias delegadas por la Nación al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son una iniciativa del Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, está contenida en el despacho de mayoría respaldado solo por el oficialismo de Vamos Juntos y fue recomendada al Pleno por las Comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales presididas por los diputados Daniel Presti (VJ) y Diego Sebastián Marías (VJ) respectivamente.

Consta de 69 artículos que cambiarían parcialmente la actual normativa en la que deben basarse los jueces y fiscales para el desarrollo de las causas. La oposición de Unidad Ciudadana, Bloque Peronista y Partido Socialista emitió dictamen en minoría proponiendo la vuelta a comisión para continuar la discusión del proyecto en ese ámbito.

Crédito: Legislatura porteña.

Las actualizaciones procesales apuntan a corregir diversos artículos pasando de los términos expediente o causa al concepto de “caso” como elemento central de la investigación preparatoria en el marco de un proceso de neto corte acusatorio tal como lo estipula la Constitución de la Ciudad en su artículo 13.

También incorpora los principios del proceso penal que tienden a robustecer la oralidad y el sistema de audiencias para la resolución de los conflictos de los casos judiciales, promueve la celeridad en las causas, la simplificación de trámites apelatorios y el uso de tecnología en protección de víctimas y testigos, entre otros preceptos.

Reunión con ONG y sectores de la Justicia

Las Comisiones asesoras de Justicia y Asuntos Constitucionales recibieron a funcionarios del Ejecutivo y organizaciones civiles. Durante el mediodía de hoy se realizó la reunión conjunta de la Comisión de asesoramiento permanente en Justicia y Asuntos Constitucionales presididas por los diputados Daniel Presti y Diego Marías (VJ), respectivamente.

Asistieron el Sub Secretario de Justicia, Dr. Hernán Najenson y la especialista en reformas procesales de la Universidad de Buenos Aires con experiencia en la justicia de la Ciudad, Dra. Marcela De Langhe, quienes respondieron diferentes observaciones y consultas de los legisladores y de otros participantes invitados de organizaciones civiles relacionadas con la temática.

Los diputados miembros de ambas Comisiones que estuvieron presentes en el salón Presidente Perón fueron Francisco Quintana, Claudio Cingolani, José Luis Acevedo, Hernán Arce, María Luisa González Estevarena, Ariel Álvarez Palma (VJ), Natalia Fidel (E), Marcelo De Pierro (MC) y María Rosa Muiños (BP).

Al comienzo se abrió a la exposición a los oradores invitados, que previamente se habían inscripto, el Defensor General Adjunto del Ministerio Público de la Defensa de la CABA, Dr. Luis Esteban Duacastella; le siguió la abogada del equipo Seguridad democrática y violencia institucional del Centro de Estudios Legales y Sociales -CELS, Dra. Ana Adelardi, y finalmente habló el Juez del Consejo de la Magistratura (con licencia), Gonzalo Rúa.

Ellos presentaron objeciones, observaciones y propuestas al proyecto original respecto a garantías o controles efectivos con escuchas telefónicas “ya que parecería que se relaja la excepcionalidad”, según expresaron. También expusieron algunas dudas en relación al derecho a la intimidad de las personas y otras vinculadas al control, sosteniendo que éste no puede ser por parte del mismo Ministerio Público.

Los funcionarios explicaron que con esta iniciativa se busca la agilizar los procedimientos, la deformalización y achicar plazos. El Código Procesal Penal vigente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue sancionado en el año 2007 pero adujeron que es necesario modernizarlo. Señalaron que la víctima está protegida en el proceso y que es de importancia una nueva herramienta de investigación.

Los diputados Arce y Muiños cuestionaron algunos puntos como por ejemplo la insistencia en seguir ampliando las opciones de fuga para aplicar la prisión preventiva o eliminar la mediación para delitos determinados y señalaron que a lo largo de las varias reuniones convocadas para analizar este tema en las que hubo muchos oradores invitados, entre ellos jueces, fiscales y especialistas, todos manifestaron reparos.

Los cinco ejes rectores de la reforma en estudio son: agilización y desformalización mediante la concentración de actos procesales, oralidad y plazos; modernización por el uso de medios digitales en el proceso tales como video conferencias y notificación electrónica; derechos de las víctimas, entre ellos que el detenido recuperará la libertad desde el Ministerio Público Fiscal y no desde la comisaría como se hace hasta el momento; actualización del proceso imprimiendo mayor complejidad en las investigaciones que incluye una ampliación razonable al juez interviniente y una adecuación a los estándares nacionales establecidos por la Ley N° 27.319 con herramientas que permitan resolver delitos complejos.

 

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