Buenos Aires
21 de Noviembre 2017

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Primera condena por la tala ilegal de árboles en zona protegida

Por primera vez, dos hombres, un ingeniero y un maestro mayor de obras irán presos por la tala ilegal de 200 árboles del Parque Nacional Tierra del Fuego, una zona protegida de la Patagonia, donde estaban realizando la obra de un sendero. 
 
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó la apelación de los dos imputados, Ricardo Aníbal Bianciotto y Orlando Rubén Mansilla Ruíz, y confimó la sentencia del Tribunal Oral Federal (TOF) fueguino que los había condenado por por daño agravado y usurpación.
 
 
Entre abril y junio de 2005, la empresa Patagonia Spirit contrató al ingeniero Bianciotto, al agrimensor Horacio Jesús Burgos y al maestro mayor de obras, Ruíz Mansilla, para que construyeran una senda que uniera la Ruta Nacional N°3 con el Canal de Beagle, donde se proyectaba la instalación de un hotel. El terreno donde se realizaría el emprendimiento lindaba con los bosques del Parque Nacional Tierra del Fuego.
 
Sin embargo, los imputados omitieron dar aviso a las autoridades municipales del inicio de los trabajos –para así impedir la labor del organismo de contralor-, removieron los mojones que delimitaban el territorio protegido del Parque Nacional, ingresaron a zona protegida y talaron de forma clandestina más de 200 ejemplares de lengas y guindos, entre adultos y renovables, que se encontraban en el sector “P8”, de 15 metros de ancho por 80 metros de largo.
 
El 22 agosto de 2016, con la intervención del fiscal general Adrián García Lois, se realizó el juicio oral y público, ante el Tribunal Oral Federal de Tierra del Fuego, que condenó al ingeniero y al agrimensor a las penas de 1 año y tres meses de prisión en suspenso, y al maestro mayor de obras a la pena de 1 años de prisión en suspenso, al considerarlos coautores de los delitos de daño agravado y usurpación.
 
La defensa de Bianciotto y Mansilla Ruíz interpuso recurso de casación contra aquella resolución, el cual fue admitido. En su presentación, el abogado planteó que se había asignado de modo irregular la competencia federal cuando los hechos ocurrieron fuera de la jurisdicción del Parque Nacional –dado la errónea declaración de límites- y atacó que no se haya hecho lugar al pedido de nulidad de las acusaciones postuladas por la fiscalía y la querella. Además señaló que la sentencia recurrida resultaba arbitraria y, por ende, nula.
 
Al opinar sobre la cuestión, el fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Javier Augusto De Luca, postuló el rechazo del recurso deducido, al entender que “el recurrente reeditó los planteos formulados durante el debate sin lograr rebatir los argumentos señalados por el tribunal para edificar la condena impugnada”. En tal sentido, enumeró las pruebas que acreditaban que hubo violación territorial y afectación a los bosques con protección federal, al tiempo que hizo referencia sobre la responsabilidad internacional del Estado Argentino sobre protección de especies y mantenimiento de la diversidad ecológica.
 
Tras realizarse la pertinente audiencia, donde las partes expusieron sus fundamentos, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal –presidida por Gustavo Hornos e integrada por Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani- consideró que con el desmonte efectuado se destruyeron bienes localizados en una franja de territorio destinado al uso y goce público, al tiempo que se afectó la conservación de los ecosistemas del bosque, por lo que resolvieron rechazar el planteo interpuesto por la defensa de Bianciotto y Mansilla Ruíz y confirmar la sentencia condenatoria del Tribunal Oral Federal de Tierra del Fuego.

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