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Cristina Kirchner acusada por un fraude de 46 mil millones de pesos

En un año electoral y durante un proceso judicial que durará 1 año, la ex presidenta, Cristina Kirchner, empezó a ser juzgada desde las 12.15 en los tribunales federales de Comodoro Py por el delito de “asociación ilícita y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública” en la adjudicación de obras públicas durante sus mandatos como presidenta a un empresario “amigo” como Lázaro Báez. Duró 3 horas y los jueces determinaron cuarto intermedio hasta el próximo lunes a las 9.30.

La ex presidenta y posible candidata a vicepresidenta este año está sentada en la tercera fila de la Sala AMIA al lado de su abogado Carlos Beraldi. Estuvo acompañada de gran parte de sus ex funcionarios en sus dos mandatos así como integrantes de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo que la acompañaron en la sala detrás del vidrio y contigua a la sala de audiencias. 

Estuvo sentada durante toda la duración de la primera audiencia que duró poco más de 3 horas donde el secretario del tribunal oral leyó el apartado que la fiscalía donde se explayaron en explicar los motivos que los fiscales de instruyeron tuvieron para elevar la causa a juicio oral y público por decisión del juez federal Julián Ercolini. 

En este sentido, la fiscalía integrada por Ignacio Mahiques y Gerardo Pollicita apuntó a que el “matrimonio Kirchner realizó una concentración de obras públicas en Santa Cruz y el direccionamiento de contratos a Lázaro Báez”. 

En tanto, según la lectura de la acusación en el juicio de hoy, acusan a la ex presidente de “ser la jefa de una asociación ilícita que habría funcionado a partir del 8 de mayo del 2003 a diciembre del 2015″ porque en esa fecha “se constituyó la empresa Austral Construcciones, de Lázaro Báez” que “dirigió y controló el modo en que se desarrollaba el sistema”. 

Según la acusación, la “empresa en 2003 tenía un patrimonio 1 millón de pesos y hacia 2012 se incrementó 45.000 % su patrimonio en una estructura provincial montada con gente de confianza” como Lázaro Baéz, entre otros acusados.

Se sentó en el banquillo junto a otros 13 procesados entre los cuales se encuentran los hijos de la ex presidenta, Máximo y Florencia y el empresario Lázaro Báez además de ex funcionarios como Julio De Vido y José López.

“Báez fue beneficiario de un canal exclusivo de pago anticipado, cobró más rápido los certificados de pago extendidos por el Estado, solicitó y obtuvo anticipos financieros sin cumplir los requisitos legales exigidos, recibió certificados por obra no realizada o que no se adecuaba al plan de trabajos y fue beneficiario de un flujo de dinero multimillonario que le garantizó ser el único contratista de obra pública en el país al que no se le adeudaba un solo centavo al finalizar el mandato de su socia Cristina Elisabet Fernández”, dijo Ercolini en la elevación a juicio.

Luego de las idas y vueltas y el papelón de la Corte Suprema pidiendo los cuarenta cuerpos del expediente por 24 horas para fotocopiarlo, el Tribunal Oral Federal Nº2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso y Adriana Palliotti- inició el juicio oral en el cual el fiscal de juicio es Diego Luciani, y las dos querellas son la Oficina Anticorrupción dirigida Laura Alonso y la Unidad de Información Financiera, por Mariano Federici.

Los acusados son 13. Además de Cristina Kirchner, el empresario de la obra pública en Santa Cruz y supuesto “principal y único beneficiado con contratos de obra pública, Lázaro Báez; Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal; José López, ex secretario de Obras Públicas; Abel Fatala, subsecretario de Obras Públicas; Carlos Kirchner, ex titular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal y primo del ex presidente Néstor Kirchner; Nelson Periotti, ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad; Raúl Daruich y Mauricio Collareda, ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad; y Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibañez, todos ex presidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz.

De los 13 acusados, hay 3 presos por otras causas: ellos son Carlos Kirchner, Julio De Vido y Lázaro Báez. Y José López. Las audiencias serán todos los lunes y se prevé que más adelante se sumen los martes.

Si es encontrada culpable Cristina Kirchner podría ser condenada a una pena de entre cinco y 16 años de prisión. En el medio del debate, la actual senadora nacional, será candidata a vicepresidente en una fórmula como Alberto Fernández como presidente por el peronismo kirchnerista aunque resta la oficialización de las listas.

El artículo penal que prevé la pena es el 210 y 210 bis donde estipula las penas para la figura delictiva de la asociación ilícita. Así lo estipuló hace más de 1 año, en marzo de 2018, el juez federal Julián Ercolini cuando decidió su elevación a juicio, luego de las postergaciones porque iba a comenzar el 26 de febrero.  

Código Penal : Asociación ilícita

ARTICULO 210. – Será reprimido con prisión o reclusión de tres a diez años, el que tomare parte en una asociación o banda de tres o más personas destinada a cometer delitos por el solo hecho de ser miembro de la asociación. Para los jefes u organizadores de la asociación el mínimo de la pena será de cinco años de prisión o reclusión.

ARTICULO 210 bis. – Se impondrá reclusión o prisión de cinco a veinte años al que tomare parte, cooperare o ayudare a la formación o al mantenimiento de una asociación ilícita destinada a cometer delitos cuando la acción contribuya a poner en peligro la vigencia de la Constitución Nacional, siempre que ella reúna por lo menos dos de las siguientes características:

a) Estar integrada por diez o más individuos;

b) Poseer una organización militar o de tipo militar;

c) Tener estructura celular;

d) Disponer de armas de guerra o explosivos de gran poder ofensivo;

e) Operar en más de una de las jurisdicciones políticas del país;

f) Estar compuesta por uno o más oficiales o suboficiales de las fuerzas armadas o de seguridad;

g) Tener notorias conexiones con otras organizaciones similares existentes en el país o en el exterior;

h) Recibir algún apoyo, ayuda o dirección de funcionarios públicos.

crédito: Tiempo Judicial.

El TOF 2 rechazó todos los planteos presentados por las defensas de los procesados y confirmó a Tiempo Judicial el inicio del debate en el juicio por fraude en la obra pública de Santa Cruz. Los jueces explicaron que las medidas de instrucción suplementaria fueron debidamente reiteradas y se encuentran en plena ejecución.

Asimismo, señalaron que “para el momento en que se incorpore la prueba pericial referida estará comenzando la etapa de producción de prueba, por lo que el ejercicio del derecho de defensa y el pleno contradictorio se encontrarán ampliamente resguardados en tanto los peritos intervinientes concurrirán a declarar luego prestando su estudio técnico”.

El fiscal general Diego Luciani es el fiscal de juicio mientras que los fiscales Ignacio Mahiques y Gerardo Pollicita fueron quienes llevaron la investigación en la etapa de instrucción. En esa línea, intentarán demostrar en juicio oral y público que fueron funcionarios pertenecientes al Poder Ejecutivo Nacional, en connivencia con funcionarios provinciales y particulares, los que tomaron parte en la defraudación de las arcas y los intereses del Estado Nacional, para beneficiar a las empresas propiedad de Báez denominadas  “Austral Construcciones”, “Kank y Costilla”, “Sucesión de Adelmo Biancalani” y “Loscalzo y del Curto Construcciones” por 24 mil millones de pesos en más de 50 contratos de obra pública.

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