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Preocupación en la Justicia por infecciones por tuberculosis

El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y el sindicato de empleados judiciales (UEJN) manifestaron su “más profunda preocupación ante la verificación de casos de tuberculosis” en el marco del Poder Judicial de la Nación. Hay alarma porque a diario los detenidos asisten a declaraciones indagatorias y no hay un protocolo de seguridad para evitar el posible contagio proveniente de los detenidos. Hubo siete empleados afectados. 

 

En Argentina, cada año hay 11.000 nuevos casos de tuberculosis, según un informe que difundió a fines del año pasado la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta enfermedad causa la muerte de unas 750 personas anuales. Casi el 50% de los casos de tuberculosis que se reportan en la Argentina son notificados en Capital y provincia de Buenos Aires.

 

Según otro informe de la OMS, las personas recluidas en cárceles están mucho más expuestas a la tuberculosis, al igual que a otras enfermedades transmisibles como el VIH, sífilis y hepatitis B y C. 

 

La tuberculosis (TBC) es llamada también la enfermedad de los pobres por estar relacionada con la mala alimentación, malas condiciones de higiene y el hacinamiento entre otros factores socioeconómicos que es lo que se vislumbra como uno de las causas del contagio de los presos en las cárceles y penales federales.

 

El primer aviso de los casos fue notificado por la UEJN tras la presencia en Tribunales de detenidos que asisten diariamente a declaraciones indagatorias en juzgados penales. Desde el gremio, explicaron que “para evitar que el foco infeccioso se propague es necesario tener una política preventiva para todo el Poder Judicial, Ministerio Público y Servicio Penitenciario”.

 

 

Los casos se suscitaron en la Cámara del Crimen. El punto que más preocupa a las autoridades del fuero es el lapso de tiempo que transcurrió entre el primer y el segundo contagio sin que hayan tomado ninguna medida preventiva: es que a mediados de marzo una trabajadora del de Comodoro Py refirió haberse contagiado TBC durante una declaración indagatoria pero las autoridades no procedieron ni siquiera a la desinfección del juzgado e incluso decidieron creer la teoría de algún funcionario trasnochado que sostenía que la enfermedad había sido contraída en un colectivo. 

 

Igual de preocupante, expresan en la UEJN, son los dos días que transcurrieron entre que se denuncia del segundo caso del fuero en el Juzgado de Instrucción 30 y el tiempo que tardó la Cámara en solicitar a la CSJN que se decrete la feria en el tribunal tras un insistente pedido del gremio liderado por Julio Piumato.

 

Hoy, hay tres empleados judiciales que contrajeron la enfermedad, sin daño pulmonar pero si con tratamientos preventivos. Y el relato de los trabajadores es claro: estuvieron durante cuatro horas encerrados con una persona enferma la cual al tiempo de prestar declaración indagatoria manifestó tener tuberculosis y como resultado de ese acontecimiento cuatro personas más tienen el virus en su cuerpo.

 

Según fuentes judiciales, la Cámara del Crimen no posee un protocolo que garantice la salud ni de los detenidos ni de los funcionarios que deben estar en contacto con los detenidos y que la Cámara la única respuesta fue “desinfectar” la oficina y seguir adelante con el trabajo como si nada hubiera ocurrido.

 

En tanto, desde la UEJN, ante la falta de respuestas de la Cámara del Crimen, explicaron que se generó un estado de alarma en los juzgados penales que hasta los funcionarios ahora piden que los detenidos sean trasladados con barbijos sin excepción.  

 

En tanto, fuentes judiciales confirmaron que en las últimas 48hs. en un mismo juzgado del Palacio de Justicia en Talcahuano 550 hubo dos imputados infectados con sarna y hepatitis. Y ninguna autoridad tomó ninguna medida de seguridad para su traslado y posterior declaración indagatoria. 

 

En tanto, los abogados también expresaron su preocupación a través de un comunicado de la entidad conducida por Eduardo Awad. Los casos de tuberculosis “ponen en riesgo a los abogados, jueces, detenidos, funcionarios y personal del PJN, y hace necesaria la inmediata intervención del Consejo de la Magistratura Nacional, del Sr. Ministro de Justicia, y del Servicio Penitenciario Federal”.

 

Exigen que intervengan “de manera conjunta con las autoridades sanitarias” para “realizar los test a detenidos y empleados y, en su caso, proveer de manera urgente la profilaxis” para prevenir la propagación de una enfermedad que se encontraba casi erradicada de la República Argentina.

 

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