Browse By

Poder Judicial: Denuncian desvío de fondos de obras en juzgados

El abogado y presidente de la Asociación Anticorrupción, Ricardo Monner Sans, denunció el martes pasado “la carterización de la obra pública en el Poder Judicial” y una “millonaria malversación de fondos” supuestamente efectuados desde los organismos responsables dependientes del Consejo de la Magistratura de la Nación. Las empresas constructoras habrían recibido adelantos de acopio que no podrían justificarse por la paralización de las obras en varios tribunales del país. 

 

La causa recayó en el juzgado federal de Rodolfo Canicoba Corral y lo acompañará en el impulso de la acción el fiscal Ramiro González. Monner Sans solicita se investigue la posible comisión de los delitos de asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, tráfico de influencias y encubrimiento respecto de distintos funcionarios de la Administración General del Poder Judicial de la Nación y de varias empresas contratistas de obra pública.

 

El texto de la presentación señala que el actual Administrador del Poder Judicial, Juan Carlos Cubría, denunció el pasado 11 de diciembre, la “paralización de catorce obras públicas concesionadas a las que se les entregó un adelanto dinerario en calidad de acopio pero aún así las obras se encuentran paralizadas y los materiales no se habrían adquirido”, detalla el denunciante.

 

Mientras el gobierno de Mauricio Macri, realiza auditoría de las licitaciones de obras públicas de todos los organismos, la situación del poder judicial le preocupa, y de la denuncia de Cubría ya tendría un detallado informe el ministro de Justicia que analiza los pasos a seguir.

 

Los procedimientos licitatorios o contrataciones directas se llevan a cabo desde el Consejo de la Magistratura sin la intervención de los trece miembros del cuerpo y con la sola intervención de la Dirección de Infraestructura Judicial.

 

Mientras el gobierno de Mauricio Macri audita las obras públicas en todos los organismos también le preocupa lo que ocurre en el poder judicial y el ministro de Justicia Germán Garavano ya tiene en sus manos el informe elaborado por Cubría que deberá tratarse apenas comience la actividad judicial el febrero.

 

Las empresas involucradas según la presentación judicial de Monner Sans,  son CASAGO S.A,  ADANTI SOLAZZI Y CIA. SACIyF,  ECIM S.A, BONALDI CONSTRUCCIONES SRL – ESTUDIO INGENIERO VILLA SRL (UTE);  MARTÍNEZ SRL y  CA GROUP SA.

 

La empresa CASAGO SA, tiene adjudicadas las obras del juzgado federal de San Nicolás, y en Mayo de 2013 recibió la suma de $ 2.294.930,88 aunque está paralizada desde el julio de 2011. El otro trabajo se refiere a la instalación eléctrica del edificio de Avda. de los Inmigrantes 1950, por la que en Agosto de 2013 recibió  $ 3.824.186,08 en concepto de adelanto de obra. Sin embrago, el plazo de entrega venció el 15 de febrero de 2015 y a la fecha se encuentra paralizada desde agosto de 2015, con un avance del 47.85%.

 

Por la construcción del Tribunal Oral de Santa Fe, la firma recibió $ 7.537.260,92 de adelanto, y pese a que el plazo de entrega venció el 28 de octubre de 2015, sólo hay un avance de obra del 42,83%.

 

CASAGO es la empresa constructora que asumió el compromiso de construir el juzgado federal de Rafaela, y por adelanto de obra recepcionó $ 2.292.615,52, según detalla Monner Sans. Ante el supuesto incumplimiento, el contrato fue rescindido.

 

La otra de las empresas es ADANTI SOLAZZI Y CIA, la que tiene a cargo la obra del juzgado federal de Caseros, y recibió la suma de $ 6.779.901,20, de adelanto. Sin embargo, aunque el plazo de entrega venció el 8 de noviembre de 2014 ya estaría ejecutado el 58,90% de la obra.

 

La construcción del juzgado federal de Morón, no tiene inicio efectivo, y pese a que se entregó de adelanto de obra la cantidad de $ 3.085.631,71, su plazo de entrega estaba fijado para el 15 de diciembre de 2015. El caso de la empresa ECIM S.A, recibió de acopio la suma de $22.822.641,55, y pese a que el plazo de ejecución de la obra venció el 24 de octubre de 2015, sólo existe un 12,62% de avance de la obra.

 

La Unión transitoria de empresas constituida por las empresas BONALDI y VILLA impulsa la obra de la construcción del juzgado federal de Campana, y tras recibir de adelanto de obra la suma de $ 10.357.309,19, el avance de obra es sólo del 25,35% y la fecha de entrega venció el pasado 31 de mayo de 2015.

 

La firma  MARTÍNEZ SRL debió entregar el 7 de diciembre de 2014, la construcción del edificio para la Cámara Federal de Resistencia. Recibió $ 13.409.338,02, y sólo tiene un avance del 37,63%. Respecto la instalación termoeléctrica de los juzgados de la calle Lavalle 1220 de la Cámara Civil de la ciudad de Buenos Aires, que debió finalizarse el 5 de diciembre de 2015, la empresa CA GROUP SA, recibió de acopio la suma de $ 6.596.737,55 y pese al estancamiento actual de los trabajos, existe un avance de la obra del 88,99%.

 

En el caso de las obras adjudicadas a las empresas CODAM S.A para la puesta en marcha de los tribunales federales de Neuquén, entre otros y a la empresa NESOL SRL para la construcción de los tribunales federales de San Miguel de Tucumán, las mismas no comenzaron y las empresas ya solicitaron mayores costos.

 

Para el abogado, “amparados en el proceso inflacionario, la mayoría de las empresas invocan la ruptura de la ecuación económico financiera del contrato, en perjuicio de contratista y solicita mayores costos. En paralelo a ese pedido o trámite administrativo, frenan la ejecución de la obra hasta tanto los mismos no sean reconocidos”.

 

“Estas supuestas irregularidades se transformaron en algo habitual ya que las pruebas que presento demostrarán que este modus operandi fue naturalizado, ya que se adjudicaron las licitaciones a empresas que incumplieron en reiteradas oportunidades y llamativamente son siempre las mismas firmas”, señaló Monner Sans.

 

En las presuntas “maniobras fraudulentas” estarían involucrados, el licenciado Germán Krieger, ex titular de la Administración General del Poder Judicial, dependiente del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, según denunció Cubría en un trámite interno y Monner Sans ante la justicia federal.

 

Otro de los presuntos responsables sería Luis Alberto Devoto, abogado, ex titular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Administración General del Poder Judicial de la Magistratura. Asimismo, otro de los presuntos responsables serían el contador Walter Mauricio Eusebio, titular de la Dirección General de Administración y Financiera de la Administración General del Poder Judicial y su colega, Diego Martino, titular de la Comisión de Preadjudicaciones de la Administración General del Poder Judicial habrían autorizado los pagos de adelantos de obras, según la documentación  presentada en la justicia.

 

La denuncia detalla “amenazas” hacia los profesionales  que recibieron presiones y la coerción ejercida sobre ellos por la negativa a suscribir temas relacionados a la ejecución de las obras como certificaciones de avance.

 

Dichas presiones y destratos habrían sido llevados a cabo por el arquitecto Hugo Raúl Cayetano Lazzarini, ex Subdirector General a cargo de la Dirección General de Infraestructura Judicial (DGIJ); el arquitecto Carlos Jorge Fernando Susini Burmester, ex Subdirector Adjunto con la función de Jefe a cargo del Departamento de Arquitectura de la Dirección General de Infraestructura Judicial , Gabriel Martín Saliva, ex Prosecretario Letrado de la Secretaría General del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, dijo Monner Sans y presentó un informe del cuerpo de auditores que lo detalla.

¿QUE TE PARECIÓ LA NOTA?

  • ME ENCANTA 
  • ME GUSTA 
  • INDIFERENTE 
  • ME ABURRE 
  • ME INDIGNA