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Paseo del Bajo: veloz sobreseimiento para Larreta y Dietrich

El juez federal Claudio Bonadio sobreseyó a funcionarios macristas por el supuesto direccionamiento de las obras más costosas del Paseo del Bajo a la constructora Iecsa, a cargo del primo de Macri, Ángelo Calcaterra.

El juez federal Claudio Bonadío decidió en diciembre de 2019 dictar el sobreseimiento de tres funcionarios macristas sin llegar a realizar las declaraciones indagatorias a los funcionarios macristas involucrados en el expediente. Ellos son el ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich; al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; al funcionario Franco Moccia (ministro de Desarrollo Urbano de la Ciudad) y a dos altos funcionarios de Autopistas Urbanas SA (AUSA), la empresa de la Ciudad que estuvo a cargo de la licitación acusados de supuesta administración fraudulenta.

El proyecto del Paseo del Bajo fue realizado por el Ministerio de Transporte nacional de la gestión de Mauricio Macri pero la licitación estuvo a cargo del gobierno porteño a cargo de Larreta. La fiscal Alejandra Mángano llevó adelante la investigación y podrá apelar la decisión de Bonadio en febrero. Los sobreseimientos fueron dictados el viernes 27 de diciembre, justo antes del inicio de la feria de verano y de las vacaciones del magistrado que avisó a sus pares superiores que vuelve a fines de enero.

Bonadio explicó en su escrito que basó los sobreseimientos en el análisis de la documentación secuestrada y en otros documentos aportados por los denunciados.  Bonadio citó a declarar a funcionarios técnicos que intervinieron en el expediente de compra, cuyos testimonios utilizó como argumentos. El juez sostuvo: “Nada indica que se haya favorecido a Iecsa, ningún funcionario ha actuado de manera contraria al derecho, no hubo ardid, ni perjuicio económico, tampoco se comprobaron engaños, promesas ni dádivas”, esgrimió y agregó. “Es posible que hayan existido cuestiones administrativas o técnicas a mejorar”, concluyó antes de dictar los sobreseimientos, según el fallo que reprodujo Perfil.  

La causa por la megaobra del Paseo del Bajo se había abierto en diciembre de 2018 tras un dictamen de la fiscal Mángano. Se basó en un informe de la Auditoría General porteña y en una investigación preliminar de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo del fiscal general Sergio Rodríguez.

Las denuncias sostienen que las autoridades alteraron las reglas establecidas en el pliego de la licitación para favorecer a Iecsa y que así la empresa del primo de Macri se quedó con el tramo más caro de la obra por $ 3.183 millones. Durante el año que duró la instrucción del expediente, el juzgado nunca ordenó declaraciones indagatorias, no citó a ninguno de los denunciados ni a los empresarios y ejecutivos que participaron de la licitación en 2016, de acuerdo al escrito del juzgado.

Según Bonadío, la empresa de Calcaterra ganó la licitación del tercer tramo del Paseo del Bajo en Puerto Madero.  La oferta más barata para el tramo A fue la de  la empresa Corsan-Conviam por $ 1.547 millones. Iecsa también había ofertado, pero quedó segunda. Cuando abrieron los sobres del tramo C, Corsan-Corviam también era la oferta más barata, pero fue descartada porque ya había ganado el tramo A. La segunda oferta más barata para el tramo C era un consorcio liderado por Iecsa, que se quedó con la licitación: $ 3.183 millones. De acuerdo a las denuncias, si el orden se hubiese respetado, el tramo C, el más caro de la obra, hubiese tenido que ser adjudicado a la constructora Corsan-Corviam, que presentó la oferta más barata, y no a Iecsa.

Sobre la alteración del orden de la apertura de sobres, Bonadio afirmó que el reglamento de AUSA permite “elaborar circulares aclaratorias o modificatorias” de los pliegos y que ninguna de las empresas se quejó. El presidente de Autopistas Urbanas SA (AUSA), la firma pública a cargo de la licitación, explicó al juez en descargo que debían cerrar el contrato de uno de los tramos de la obra antes de que terminara 2016 para cumplir con las exigencias del financiamiento; que el tramo A era el más simple y que por eso se decidió alterar el orden de apertura de sobres y firma del contrato. El contrato del tramo A se firmó el 16 de diciembre de 2016, pero al final de cuentas, los de los otros dos tramos también se firmaron antes de que finalizara ese año: el 30 de diciembre, según el fallo.

 

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