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Para la Justicia, es nula la ley de gestión de residuos sólidos urbanos porteña

La polémica por los residuos porteños llegó a la Justicia y hoy tuvo una resolución de primera instancia. El juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario n.° 4, Elena Liberatori, hizo lugar hoy a la demanda de amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Legislatura local, declarando nula la Ley 5966, conforme lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución local que establece que ningún órgano del Gobierno puede conferir excepciones al procedimiento de doble lectura y Audiencia Pública en materia ambiental, «y si lo hiciera éstas son nulas».

La magistrada sostuvo que el gobierno instaló la “práctica habitual o el modo de darle un trámite de procedimiento común a los proyectos de leyes de materia ambiental violando abiertamente la Constitución porteña”. La justicia argumentó que el tratamiento de la ley no cumplió con el procedimiento de doble lectura y audiencia pública en materia ambiental, que ordena la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y así cuestionó en el fallo al Poder Legislativo y al Poder ejecutivo porteño.

“La Justicia falló favorablemente a las peticiones de las organizaciones cartoneras y ambientales, y declaró nula la modificación de la ley de basura cero que habilita la incineración como método de tratamiento de residuos provenientes de la Ciudad de Buenos Aires”, dijo a este medio uno de los abogados que impulsó la causa, Jonatan Baldiviezo, letrado del Observatorio del Derecho a la Ciudad.

Daño ambiental

En el fallo cortesía de Ijudicial, la jueza Liberatori dijo que en los informes técnicos sobre los potenciales riesgos a la salud y al medioambiente que implica la tecnología de termovalorización autorizada por la ley «se debe aplicar el Principio Precautorio que señala la Ley General del Ambiente. Es decir, que “cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”.

De esta manera, se deberá llevar a cabo y producir los informes de impacto ambiental antes de autorizar tecnologías que como la termovalorización de residuos, puedan implicar daños ambientales.

En el análisis de las plantas termovalorizadoras, la sentencia indicó que «tampoco surgen detalles de cuántas serán las plantas incineradoras que se instalarán, y dónde; tampoco se establece la capacidad de termovalorización de esta planta, ni a qué partidas presupuestarias se van a imputar los gastos que demanden la construcción de estas plantas, como para conocer efectivamente si se podrán alcanzar las metas fijadas en la Ley cuestionada».

Jonatan Baldiviezo (Observatorio del Derecho a la Ciudad) y Félix Cariboni (Asociación por la Justicia Ambiental) manifestaron a Tiempo Judicial que “la jueza declaró nula la modificación de la ley de basura cero que habilita la incineración como método de tratamiento de residuos provenientes de la Ciudad de Buenos Aires”.

“Las organizaciones que presentaron el amparo el año pasado sostenían que la tecnología de incineración atentaba contra las políticas del reciclado y eran un claro retroceso en materia ambiental, asimismo ponía en riesgo la salud de las personas”, expresaron los abogados impulsores de la causa.

En este contexto, explicaron que en Europa, la Unión Europea quita los subsidios a las empresas de incineración en sus territorios. Pero en Argentina hay empresas que quieren ingresar a los mercados asiáticos y latinoamericanos, y la única manera es modificando las leyes para alcanzarlo y negando el paradigma de la Economía Circular.

Federacion-de-cooperativas-de-reciclado-limitada-y-otros-contra-GCBA-y-otos-sobre-amparo-ambiental

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