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Más presos, menos justicia

Es preocupante la cantidad de personas detenidas en cárceles del país y el creciente aumento de los últimos años. De 34.040 detenidos en 1999 se pasó a 69.060 en 2014, según las últimas cifras proporcionadas por el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (Sneep), publicado por el Ministerio de Justicia de la Nación.

 

En los últimos 15 años prácticamente se duplicó la cantidad de presos en el país. Varios organismos defensores de los derechos humanos mostraron preocupación ante Tiempo Judicial el hacinamiento en las prisiones y un deterioro de las condiciones de vida de los reclusos, que incluye fugas, muertes violentas y vejaciones, sobre todo en los penales de la provincia de Buenos Aires.

 

En un sistema en el que más de la mitad de los reclusos no tiene condena firme. La reciente y preocupante triple fuga de los hermanos Martín y Cristian Lanatta y de Víctor Schillaci, condenados por el triple crimen de General Rodríguez, encendió las alarmas sobre el estado real de las prisiones y la iniciativa de la política penitenciaria para cumplir el mandato constitucional de resocializar a los reclusos.

 

En los últimos tres años se escaparon de prisiones y alcaidías bonaerenses 1198 detenidos. En el país hay más de 250 cárceles. De los 69.060 reclusos totales, 10.424 están distribuidos en las 34 prisiones federales, mientras que los penales bonaerenses alojan a unos 31.200, según informó la última publicación del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (Sneep), de 2014.

 

El 51% de los detenidos están procesados y sobre el 48% pesa una sentencia firme. Un 96% de los presos son hombres y el 4%, mujeres. Solamente el 6% son extranjeros, en su mayoría, provenientes de países limítrofes y de Perú.

 

En las cárceles bonaerenses, según fuentes del Ministerio de Justicia provincial, hubo 10 fugas en 2011. Ese mismo año hubo 73 evasiones del programa Casas por Cárceles y 127 detenidos no regresaron de salidas transitorias. En tanto, en los penales de régimen semiabierto hubo 22 escapes. En 2012 fueron 17 fugas, 72 evasiones del programa Casas por Cárceles y 211 personas que no regresaron de las salidas transitorias, más 36 evasiones en penales de régimen semiabierto.

 

Un relevamiento del diario La Nación a partir de información de la Procuración Penitenciaria Nacional (PPN), el CELS y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) reveló que en las prisiones bonaerenses hubo 707 muertes entre 2009 y 2014. El 30% fueron violentas. En el mismo período, en las cárceles del SPF murieron 272 reclusos, el 46,3% de ellos, en forma violenta. Las diez cárceles con más muertes violentas entre 2009 y 2014 están casi todas en Buenos Aires, salvo la Unidad N° 6 del SPF, ubicada en Rawson, Chubut.

 

En tanto, según el informe del Sneep 2014, publicado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el 48% de los presos de todo el país no participa de ningún programa educativo dentro de las cárceles. En los penales que dependen del SPF, ese porcentaje es de apenas el 14%. Un 17% de los presos cursa estudios correspondientes al EGB, mientras que un 15% cursa el nivel correspondiente al Polimodal. Sólo 1139 presos (1,6%) cursan carreras universitarias o terciarias. En tanto, el 68,64% de los presos ingresaron a la cárcel con la primaria completa. Un 23% tenía el secundario completo y sólo un 1,9% había cursado el ciclo terciario o universitario.

 

Un estudio realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) reveló que de los 132 egresados que tenía el programa en 2013, un 84 % “no volvió a ser encontrado culpable de cometer nuevos hechos ilícitos”. Es decir que, según destaca el informe, “ocho de cada 10 graduados del programa no han vuelto a ser condenados”. Lo que se evidencia, la resocialización.

 

En cuanto al trabajo, establecido como derecho para los presos en la Ley de Ejecución Penal, sólo el 38,84% (26.572) del total de los detenidos en el país realizan trabajos remunerados y, dentro de ese grupo, apenas 9311 presos (el 15%) trabajan hasta 40 horas semanales. Para alcanzar el salario mínimo vital y móvil un preso debe trabajar unas 200 horas mensuales.

 

Del sueldo de un interno se retiene un porcentaje para un fondo de reserva, que es del 30% del ingreso mensual. Este dinero debe ser depositado en una cuenta de una institución bancaria oficial y le será entregado al salir de prisión. También, un 25% para “costear los gastos que el preso cause en el establecimiento”, descuento que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional.

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