Buenos Aires
21 de Noviembre 2017

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Las claves del proyecto de reforma del Ministerio Público

Comenzó el debate en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado sobre el proyecto de ley de reforma del Ministerio Público Fiscal (MPF) y Ministerio Público de la Defensa (MPD), que propone eliminar la duración vitalicia tanto del procurador general como del defensor general para establecer un límite de cinco años con la posibilidad de reelección por otros dos y eliminar el mecanismo de remoción por juicio político. 

 

La duración en el cargo, establecida en el artículo 9 del proyecto, ya no será vitalicia para las titularidades de ambos ministerios. Podrán mantenerse en su puesto durante cinco años, con la posibilidad de reelección por dos más, hasta el límite de edad de 75 años, establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).  

 

El mecanismo de remoción del procurador y el defensor por juicio político, a partir de lo establecido en los artículos 53 y 59 de la Constitución Nacional, es modificado por el proyecto de reforma que establece que pueden ser removidos “por decisión fundada del Poder Ejecutivo o por iniciativa de la mayoría absoluta de los miembros presentes en la Cámara de Diputados a solicitud de cualquiera de sus miembros, en ambos casos con acuerdo del Senado por la mayoría absoluta de sus miembros”.  

 

El artículo 12 del proyecto modifica que ante la licencia, recusación, excusación, suspensión, impedimento o vacancia del procurador, las funciones del titular del MPF pasarán a manos del procurador fiscal ante la CSJN de mayor antigüedad; la norma actual prevé que la competencia sea ejercida por un fiscal coordinador de distrito.

 

Otro de los cambios a la ley 27.148 del Ministerio Público que plantea el proyecto es que para la aprobación de los postulantes para ambos cargos, elegidos por el Poder Ejecutivo Nacional, ya no se necesitarán los votos afirmativos de dos tercios del Senado (48 legisladores), sino una mayoría absoluta, es decir la mitad más uno (37 senadores). 

 

A diferencia de la ley actual que establece la existencia “permanente” de las procuradurías especializadas en investigaciones administrativas, constitucionales, contra crímenes de lesa humanidad, de criminalidad económica y lavado de activos, de narcocriminalidad, de trata y explotación de personas y de violencia institucional; el proyecto de reforma establece en su artículo 5 que estas unidades de investigación especializadas quedan en manos del procurador general que podrá disponer por resolución la creación, modificación o disolución “cuando la política de persecución penal pública o el interés de la sociedad así lo requieran”. 

 

De aprobarse el proyecto, el procurador deberá presentar un informe anual ante la Comisión Bicameral del Congreso de la Nación que detalle las acciones del MPF, que contenga “una evaluación del trabajo realizado y un análisis sobre la eficiencia del servicio”. El artículo también preve que el MPF deberá “cumplir los requerimientos de información” que efectúe el cuerpo legislativo formado por ocho diputados y ocho senadores. El incumplimiento injustificado de esta obligación pasaría a ser causa de remoción “por mal desempeño”.

 

La iniciativa del oficialismo fue presentada por el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, y cuenta con las firmas del radical Ángel Rozas; del jefe del bloque del Partido Justicialista, Miguel Ángel Pichetto; y del peronista salteño Rodolfo Urtubey. 

 

Con la mira en Gils Carbó

 

El proyecto de reforma tomó fuerza luego de que la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, presentara su renuncia el 30 de octubre pasado con la finalidad de terminar su mandato a fines de diciembre. “A esta altura de los acontecimientos estoy persuadida de que mi permanencia en el cargo redunda en decisiones que afectarán de manera sustancial la autonomía del Ministerio Público Fiscal”, aseguró la titular del MPF en su carta dirigida al presidente Mauricio Macri. 

 

La renuncia de Gils Carbó llegó 10 días después de que, el pasado 20 de octubre, un fallo de primera instancia avalara la remoción de la procuradora sin necesidad de recurrir al mecanismo del juicio político al considerar “inconstitucional” el artículo 76 de la Ley 27.148, del Ministerio Público. La misma equipara al procurador general con los jueces de la Corte Suprema en las formas de removerlo de su cargo.

 

Contra la reforma 

 

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Asociación Pensamiento Penal (APP), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y la Fundación Poder Ciudadano consideraron que el proyecto de reforma “pone en riesgo la independencia y autonomía de ambos organismos”. 

 

Estas organizaciones calificaron el mecanismo de remoción propuesto por el proyecto de reforma como “endeble” porque “permite la destitución por mal desempeño por simple mayoría en ambas cámaras del Congreso”.

 

“La iniciativa de remoción suspende inmediatamente el ejercicio del cargo del Procurador General de la Nación mientras dure el proceso de remoción”, dice la iniciativa que prevé que el Poder Ejecutivo tenga la facultad de remover al titular del ministerio público “por decisión fundada”.

 

 

Las organizaciones consideraron que este mecanismo de remoción por iniciativa del Poder Ejecutivo, faculta al presidente “a suspender al procurador por seis meses de manera arbitraria”. “El procurador fácil de remover es menos proclive a investigar casos que afecten al poder de turno”, advirtieron las organizaciones de la sociedad civil en un comunicado al que accedió Tiempo Judicial

 

En cuanto a la duración del cargo, las organizaciones acuerdan que “no debe ser vitalicio” pero consideraron que el período de cinco años, renovable por dos más, establecido por el proyecto es “muy exiguo para que el procurador desarrolle un plan de trabajo estratégico que enfoque las necesidades de política criminal”. En su lugar, propusieron reemplazar por un mandato de mayor duración, de “siete u ocho años que permita diseñar y ejecutar políticas de largo plazo”. 

 

Ver adjunto proyecto del Gobierno de reforma del MPF y de la defensa

 

REFORMA MPF

 

 

 

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