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La organización para alterar el orden constitucional se llama golpe de Estado

La interrupción forzada al orden democrático en el Estado Plurinacional de Bolivia el pasado domingo 10 de noviembre es producto de una serie de actos que se constituyeron como un golpe de estado contra el gobierno de Evo Morales.

El reclamo de la restauración urgente de la democracia y el cese de la violencia, forman parte del reclamo de la comunidad internacional, en especial de una América Latina que advierte síntomas de las páginas más oscuras de su pasado.

Rafael Martínez – catedrático de la Universidad de Barcelona – indica que un golpe de Estado son “las acciones concatenadas y realizadas en un corto espacio de tiempo encaminadas, mediante la amenaza, a remover el poder ejecutivo, por parte de un pequeño grupo con alta capacidad de disuasión que utilizará cauces ilegales, que luego tratará de justificar arguyendo la defensa de unos intereses propios que se revisten de colectivos”.

Este concepto cabe de lleno en la situación boliviana: la oposición, acompañada de movimientos sociales, las fuerzas policiales y armadas, llevaron a cabo una serie de actos de violencia e incitación durante las últimas semanas que propiciaron la renuncia forzada de Evo Morales.

La doctrina acuerda al definir como golpe de estado a un acto de violencia organizada llevado a cabo para deponer un gobernante o gobierno y colocar a otro. En el mismo sentido, Figueroa Ibarra lo señala como una ruptura con la institucionalidad.

El 20 de octubre de 2019 el Estado Plurinacional de Bolivia celebró sus comicios generales. Cuando se dieron a conocer los resultados que indicaron una contundente victoria de Evo Morales, se denunció fraude electoral por la oposición y estallaron los conflictos en varias ciudades: movilizaciones sociales e incendios en la sede del Tribunal Superior Electoral. Los días posteriores, la oposición convocó a huelgas generales, recrudeciéndose la violencia (especialmente contra la población indígena).

Luis Fernando Camacho, empresario enfrentado al gobierno de Morales, llamó al Ejército y a la policía a “ponerse del lado de la gente”, amenazando con el uso de la violencia y exigiendo la renuncia del presidente. El viernes 8 de noviembre se amotinó la policía en tres unidades y las manifestaciones se extendieron a todo el país.

El domingo, la OEA, convocada por el gobierno boliviano para fiscalizar el recuento, sugirió celebrar comicios a través de un nuevo tribunal electoral. Evo Morales anunció la convocatoria a elecciones generales y la derogación de todos los miembros del Tribunal Superior Electoral, con el objeto de pacificar Bolivia. Horas más tarde las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana “recomendaron” al mandatario renunciar.

En medio de las presiones de las fuerzas de seguridad y las protestas incentivadas por la oposición, Morales renunció pidiendo frenar la violencia, “para que Mesa y Camacho no sigan persiguiendo, secuestrando y maltratando a mis ministros, dirigentes sindicales y a sus familiares y para que no sigan perjudicando a comerciantes, gremiales, profesionales independientes y transportistas que tienen el derecho a trabajar”, como así también el vicepresidente, y los presidentes de ambas Cámaras. Tras la denuncia de una orden de aprehensión ilegal, grupos violentos saquearon la residencia de Morales y de su hermana. México le ofreció asilo “por razones humanitarias y en virtud de la situación de urgencia que enfrenta Bolivia”. Así, el mandato constitucional fue interrumpido sin intervención del parlamento.

El politólogo Andrés Malamud, explica que se requieren tres elementos para que se genere lo que hoy ocurre en Bolivia: la interrupción del mandato presidencial, un procedimiento no constitucional (en este caso a través de una renuncia forzada) y definido por las fuerzas armadas.

Estamos frente a un excepcional y vertiginoso golpe, un acto rápido y violento: una interrupción abrupta de un gobierno constitucional.

Las presidencias de Evo Morales, acompañado en la fórmula por Álvaro García Linera, dejaron en el pueblo boliviano una reducción de pobreza de 23 puntos porcentuales en relación con el nivel del 38,2 por ciento registrado en 2005; aumento de esperanza de vida; nacionalización de hidrocarburos; crecimiento sostenido del PBI de un 5% anual; expulsión de agencias de control de Estados Unidos; y la reserva de Litio más grande del mundo descubierta en el salar de Uyuni.

Diego Molea es rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora

 

 

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