Buenos Aires
19 de Junio 2018

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Con el traspaso, se podrá juzgar el enriquecimiento ilícito de funcionarios

A partir de marzo, será la Justicia porteña la que investigue y juzgue, junto a otros 29, los delitos penales de abuso de autoridad y violación de los deberes y el enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos y empleados que se cometan en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), según lo establecido por el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad, el Público Fiscal y Público Tutelar.

 

El listado incluye también los delitos de: denegación y retardo de justicia, falsificación de sellos, timbres y marcas, delitos de los funcionarios públicos contra la libertad individual, delitos contra la libertad de trabajo y asociación, desarmado de autos sin autorización, profilaxis y suministro infiel e irregular de medicamentos, abuso de armas, violación de domicilio, tenencia, portación y provisión de armas de guerra de uso civil condicional, delitos y contravenciones en el deporte y en espectáculos deportivos, atentado y resistencia contra la autoridad.

 

La resolución conjunta de los Ministerios deberá ser aprobada por el Consejo de la Magistratura porteño dentro de los 20 días de recibida. Si el organismo no se expide en ese plazo quedará aprobada sin más trámite.

 

La transferencia de competencias de la Justicia Nacional a la Ciudad se produce en el marco de lo dispuesto por la Ley Nacional 26.702, a la que la Legislatura porteña adhirió en diciembre pasado y que determinó la integración gradual de competencias judiciales en materia penal.

 

“El traspaso progresivo de competencias consolida la autonomía de la Ciudad y garantiza que todos los que habitan en suelo porteño puedan acceder a su propia justicia local de manera más rápida y efectiva”, aseguró el Defensor General de la Ciudad, Horacio Corti.

 

Según lo dispuesto en la Ley 5935 de la Ciudad, la transición debe producirse de acuerdo al cronograma estipulado por los Ministerios Públicos, de manera que puedan reorganizarse las estructuras existentes para absorber los nuevos delitos. El pasado 3 de febrero, la Justicia porteña ya había incorporado, entre otros delitos, la facilitación de la prostitución, picadas de autos y trabajo infantil.

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