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La Justicia bloquea la política migratoria de Trump

Un juez federal de San Francisco bloqueó ayer la política del gobierno del presidente Donald Trump de regresar a los inmigrantes que solicitan asilo en México. Mientras tanto esperan que una corte migratoria escuche sus casos, pero la orden no entrará en vigor de forma inmediata.

El juez Richard Seeborg aprobó una solicitud a nombre de 11 solicitantes de asilo centroamericanos y grupos activistas legales para suspender la práctica. La decisión está suspendida hasta el viernes para darles tiempo a las autoridades federales de presentar una apelación.

La política carece de las protecciones suficientes para garantizar que los migrantes no enfrenten “riesgo indebido a sus vidas o libertades” en México, señaló el juez. Seeborg también dijo que la ley en la que el gobierno de Trump fundamentó que su autoridad para devolver a inmigrantes “no aplica para los solicitantes de asilo”.

Se desconoce de inmediato si el gobierno solicitaría a una corte de apelaciones que suspenda el fallo. El Departamento de Justicia se negó a comentar al respecto. Trump tuiteó que el fallo era “injusto para Estados Unidos”.

La ciudad de San Diego es la frontera más transitada del país y representó un cambio sin precedentes en el sistema de asilo de Estados Unidos, dijeron autoridades gubernamentales y expertos en asilo citadas por AP. Por lo general, las familias que solicitaban asilo eran liberadas en Estados Unidos y se les entregaba un citación para comparecerante el tribunal.

El gobierno de Trump señala que la política se implementó en respuesta a una crisis en la frontera sur que ha superado la capacidad de las autoridades migratorias para detener a los migrantes. Un número cada vez mayor de familias huye de la pobreza y de la violencia relacionada con las pandillas en Guatemala, Honduras y El Salvador.

El fallo se presentó un día después de que la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, presentó su renuncia y mientras el gobierno enfrenta repetidos contratiempos sobre sus estrictas medidas antimigratorias.  Entre las medidas adoptadas por Trump,  las críticas apuntaron a la separación de las familias en la frontera y poner fin a las protecciones contra jóvenes inmigrantes.

La demanda afirma que el gobierno de Trump viola las leyes federales al no evaluar adecuadamente los peligros que enfrentan los migrantes en México.

Caravana de inmigrantes de El Salvador, México y Nicaragua hacia EE.UU.

Bajo la nueva política, los solicitantes de asilo no tienen garantizados intérpretes ni abogados, y no pueden presentar ante un juez sus argumentos de que enfrentan un posible riesgo de persecución o tortura en caso de ser devueltos a México, dijo Judy Rabinovitz, abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus iniciales en inglés), durante una audiencia en marzo pasado.

En su fallo, Seeborg dijo que “se requerirían mayores protecciones procesales para ajustarse a la obligación que el gobierno reconoce de garantizar que los extranjeros no sean devueltos a circunstancias indebidamente peligrosas”.

La ACLU y otros grupos también señalan en la demanda que la ley que permite el envío de algunos inmigrantes de regreso a México “no aplica a solicitantes de asilo” que cruzan ilegalmente la frontera o llegan a los cruces fronterizos sin la documentación apropiada.

Seeborg estuvo de acuerdo, diciendo que el “lenguaje llano” de la ley sustenta esa interpretación. “Sea como sea, el gobierno de Trump no puede simplemente ignorar nuestras leyes para lograr su objetivo de evitar que las personas soliciten asilo en Estados Unidos”, señaló Rabinovitz en un comunicado citado por el periódico norteamericano tras darse a conocer la decisión.

Por su parte, el abogado del Departamento de Justicia, Scott Stewart, señaló que existe un proceso para proteger a los inmigrantes que podrían enfrentar amenazas en México. Los 11 demandantes son representados por abogados y 10 de ellos ya comparecieron para sus procedimientos judiciales.

Los arrestos de la Patrulla Fronteriza, el parámetro más utilizado para medir los cruces ilegales, han aumentado considerablemente durante el último año, pero permanecen relativamente bajos en términos históricos  después de alcanzar su cifra más baja en 46 años en 2017.

 

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