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Jueces penales se resisten al traspaso de la Justicia nacional a la CABA

La mayoría de los jueces penales nacionales de la Capital Federal cuestionaron este jueves el proyecto de transferencia de la Justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires en el marco del plan “Justicia 2020” que anunció el ministro de Justicia, Germán Garavano.

 

En su lugar, los magistrados propusieron desempeñarse como magistrados federales para mejorar la tramitación de causas por delitos complejos como corrupción, narcocriminalidad y trata de personas. Los jueces enviaron dos notas a la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado y al Ministerio de Justicia en las que expresaron que el proyecto de ley presentado por el Gobierno nacional ante el Congreso, “saturaría la estructura judicial para delitos comunes en lugar de reforzar la destinada a los fenómenos delictivos complejos”.

 

El documento, firmado por más de 40 jueces de primera instancia del fuero de instrucción porteño, se complementa con una propuesta de varios integrantes de la Cámara del Crimen, quienes proponen directamente transformar a los jueces penales porteños en jueces federales para “reforzar a la justicia federal”.

 

“La sociedad hoy requiere de soluciones urgentes, entre otros, en temas relacionados básicamente con la corrupción, la narcocriminalidad y la trata de personas, que hoy competen a la justicia federal que por su complejidad y la forma que adquieren las organizaciones delictivas requieren de investigaciones profusas y minuciosas para lograr una correcta respuesta sancionatoria a los responsables”, señala el documento.

 

Los jueces incluso sostuvieron que la propuesta enviada al Congreso se contradice con los postulados que el propio jefe de la cartera judicial proclamó en trabajos académicos y con otras iniciativas legislativas del mismo programa.

 

El proyecto de Cambiemos señala la gradual transferencia de todos los juzgados que hoy tramitan causas por delitos como robo, homicidio y defraudaciones a la órbita de la Capital Federal. Pero los jueces advirtieron que “solamente pueden transferirse competencias y no tribunales”.

 

En ese contexto, un grupo de camaristas, encabezado por el presidente de la Cámara del Crimen local, Rodolfo Pociello Argerich, y el juez Marcelo Lucini, elaboró un documento que complementa la postura de los jueces de primera instancia y propone “la conversión de todos los juzgados nacionales en lo criminal de instrucción en juzgados federales”.

 

“La sociedad requiere de soluciones urgentes en temas que hoy competen a la justicia federal, que por su complejidad y la forma que adquieren las organizaciones delictivas precisan de investigaciones profusas y minuciosas para lograr una correcta respuesta sancionatoria”, sostiene el documento.

 

“Lo esencial de la propuesta radica en concluir con la transferencia de las competencias ya iniciadas desde la justicia Nacional a la Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por otro lado, reforzar la justicia federal”, resume la propuesta remitida a Garavano.

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