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Garavano: “No vamos a ampliar la Corte”

El flamante ministro de Justicia de la Nación señaló que los nuevos candidatos propuestos por el presidente Mauricio Macri para la Corte “están en condiciones de asumir” tras la presentación de sus antecedentes y sus pliegos. En tanto, agregó que el retraso en la jura “de los jueces depende de la Corte”. Se realizaría tras el fin de la feria en febrero. También defendió los decretos, el traspaso de la OJOTA y la importancia de un sistema acusatorio en el fuero penal.

 

¿Cuándo van a jurar los jueces nombrados por decreto y en comisión?

 

–Terminamos el proceso del decreto 222 con una participación inédita en la cantidad de presentaciones que se hicieron. Estamos terminando el informe para elevarle los pliegos al Presidente y que decida si los envía al Senado en las próximas semanas.

 

–¿Pero van a asumir antes de que el Senado los confirme o van a esperar esa discusión?

 

–La idea siempre fue hacer el proceso del decreto 222, y de hecho lo iniciamos de inmediato. Pero tomar juramento es una decisión de la Corte y puede hacerlo en cualquier momento. No hay ningún impedimento judicial para que juren. Para nosotros están nombrados. En el Ministerio de Justicia ya se ha cumplido con el proceso de consulta pública.

 

–Hubo un fallo de la Corte que cuestionó la designación de conjueces para el alto tribunal y señaló que no se puede saltear el Senado para nombrar jueces supremos.

 

–Ese fallo de la Corte es simple: si para un juez de la Corte se necesita la aprobación de dos tercios del Senado, para un conjuez de la Corte también. Nada tiene que ver con un proceso constitucional excepcional que la misma Constitución fija y que es el que usó el Presidente por más que no guste y que haya interpretaciones modernas que digan que no hay que seguir la Constitución literalmente, o que evoluciona.

 

–La Constitución prevé el mecanismo de designación en comisión para “empleados”, ¿los jueces son empleados?

 

–Sí, la misma Constitución en el artículo 110 dice que los jueces “conservan sus empleos mientras dure su buena conducta”. Son empleados del Estado. De todos modos es una discusión política.

 

_ ¿Por qué no postularon a una mujer?

 

–Fue una decisión del Presidente, que tiene un compromiso con la representación de género en la Corte y lo tenemos presente. Hay muchas mujeres valiosas para postular a la Corte y en las próximas vacantes serán mujeres.

 

–¿Piensan ampliar la Corte?

 

–Hoy el Gobierno no considera la ampliación de la Corte.

 

–¿Por qué eligieron el camino de legislar por decreto?

 

–Es una falsedad. ¿Cuántos decretos de necesidad y urgencia se dictaron? Tengo contados cuatro, de los cuales dos son nuestros, del Ministerio de Justicia. No parece ser tanto. Los dos temas nuestros son muy puntuales: uno es el traspaso de las escuchas a la Corte y otro el de la postergación del Código Procesal Penal.

 

–¿Cuál era la urgencia en traspasar las escuchas? ¿Que la propia Corte postergara el traspaso no contradice que haya urgencia?

 

–Teníamos al Estado violando derechos en los procesos judiciales y en investigaciones muy graves. La urgencia no es una guardia de hospital. El proceso de discusión iba a empezar en marzo o junio, es decir, teníamos varios meses por delante con un sistema de escuchas cuestionable. La Corte puso un plazo razonable, 45 días, de los cuales treinta no se trabajan, aunque deberían hacerlo y (abre un paréntesis) deberíamos avanzar sobe esas cuestiones de feria judicial.

 

Las investigaciones donde se generan escuchas por lo general son casos graves, por ejemplo, de secuestros. Es como traspasar un quirófano que está operando. Hay que ser cuidadosos. La fiscalía es una de las partes en el proceso penal y el control de las escuchas no debería estar en una de las partes del proceso. Es razonable que sea el Poder Judicial, que es el que tiene la independencia y la garantía de imparcialidad, el que supervise este proceso.

 

–¿Pero entonces el Poder Judicial va a supervisar lo que él mismo va a hacer?

 

–La escucha la pide un fiscal, la habilita un juez. Las escuchas las va a hacer el mismo órgano que está en la Procuración, pero trasladada a uno imparcial. Pregúntenle a la Defensora General de la Nación, que sentada en mi despacho dijo “la fiscalía general no puede tener las escuchas telefónicas”.

 

–¿No cree que se hizo un buen trabajo en la Dicom (Departamento de Captación de las Comunicaciones) hasta ahora?

 

–No conozco el trabajo en detalle, lo nuestro es un tema de diseño institucional y respeto de garantías. Me preocupaba que el área de la Dicom esté integrada al de sistemas informáticos. Es más sano, en definitiva, que las escuchas estén en manos del máximo órgano judicial del país. La misma procuradora me dijo que ella no había pedido tener las escuchas.

 

–Hay países donde las escuchas están en manos del Ministerio Público, ¿pero de la Corte?

 

–En ninguno está en manos de las Procuraciones, salvo en los países donde forman parte del Poder Ejecutivo. Acá se ha dado un paso importante en sacarlas del área de inteligencia. Pero cuando se hizo el debate parlamentario toda la oposición dijo que las escuchas deben ir a la Corte. Y esto no tiene nada que ver con Alejandra Gils Carbó. Es un tema de diseño institucional. De hecho la discusión que se viene es sobre la Policía Judicial, y mi posición en esto es que, como en Costa Rica, la Policía Judicial funcionalmente dependa de los fiscales pero orgánicamente de la Corte. Acá se dio una confusión, con empezar a pasar la persecución penal al Ministerio Público.

 

–El sistema acusatorio implica pasar algunas facultades a los fiscales. Lo que hay que hacer, más allá de los nombres, es volver a un equilibrio de poderes. En la mayoría de los sistemas acusatorios los procuradores tienen mandato, tienen una duración. En la ciudad de Buenos Aires, en cuya Constitución trabajó (Raúl) Zaffaroni, el fiscal general no interviene ni en la designación ni en la remoción de fiscales. Hay un montón de restricciones donde uno puede poner esos equilibrios. Acá se hizo una fiscalía superpoderosa, y es un peligro. Yo le dije a Estela de Carlotto: “Hoy a usted Gils Carbó le da garantías, pero ¿y si fuera otro, que no diera garantías?”. Argentina siempre ha reformado la Justicia por las necesidades de la política de turno. Lo que queremos hacer son diseños institucionales razonables.

 

–¿A cuántos años van a reducir el mandato del procurador/a?

 

–Vamos a abrir una instancia de discusión.

 

–¿Se le va a aplicar a Gils Carbó retroactivamente o va a ser para adelante?

 

–Creo que le alcanzaría a ella. Se podría aplicar retroactivamente.

 

–Usted habló públicamente de que durante el gobierno anterior se aprobaron leyes “insanas”. ¿Cree que hay leyes sanas e insanas?

 

–Yo dije, bueno (duda)… sí, yo creo que hay leyes que generan distorsiones en el sistema democrático. Creo que como el gobierno anterior no pudo reformar la Constitución, intentó generar leyes contrarias a ella. De hecho muchas fueron declaradas inconstitucionales. Hay leyes que le hacen mal a la salud de la República, como las escuchas en la Procuración. Un hecho histórico, motivado por una relación promiscua que tuvo el Gobierno con los servicios de inteligencia durante diez años, deriva en sacar a la AFI de las escuchas y poner al que manejaban ellos.

La reforma del Código Procesal, siendo extraordinario avanzar en eso, tuvo una finalidad política de aumentar el control generando que el sistema acusatorio se diera contra una pared. Cosas buenas, por una necesidad política, se echaron a perder. El gran desafío que nosotros hoy tenemos es que mucha gente conservadora del sistema de justicia utilizó este ataque político para intentar ir para atrás, y nosotros lo que queremos es ir para adelante.

 

–Usted habla de la relación promiscua de los servicios con el Gobierno, pero no de los servicios con el Poder Judicial. Si están bajo su órbita, ¿cómo se termina esa relación promiscua?

 

–Con el Gobierno anterior se persiguió a opositores políticos, como Francisco De Narváez y Macri mismo, con un fuero específico, el federal. Nadie cuestionó la relación de la Corte con los servicios de inteligencia. La Corte pone distancia a lo político. Es más, el titular, dice el decreto, va a ser un juez de Cámara designado por sorteo que no puede durar más de un año.

 

–Esa relación promiscua es muy anterior al kirchnerismo. ¿Cuál es la garantía de cómo va a actuar un juez de Cámara?

 

–Un juez de Cámara nombrado por sorteo. Los camaristas penales son muchos. La procuradora puso a la ex secretaria de Seguridad de Nilda Garré. Ponen a funcionarios políticos. Acá van a ser jueces, que no se podrán repetir por cinco años.

 

–Retomando su idea de leyes “insanas”, la ley de medios, por ejemplo, fue declarada constitucional, fue debatida y apoyada por distintos sectores, ¿por qué modificarla con un decreto?

 

–Yo me refiero a las áreas de mi capacidad de trabajo en lo que se refiere a cómo mejorar el sistema de justicia.

 

–Pero nos referimos a un mecanismo.

 

–Nuestros DNU fueron correctivos y minimalistas, adelantados a todos los actores institucionales. Estaban todos de acuerdo, en especial a la suspensión del Código Procesal que iba a empezar en marzo. Incluso nos lo podía la Comisión Bicameral que debe implementarlo.

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