Abogado de la UBA recibido en 1987, con toda la carrera judicial especializado en Derecho Comercial y Derecho Procesal, Hernán Moncla va por su primer mandato al frente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) por la Lista Bordó. Apasionado por el Derecho, es juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial en la cual trabaja desde  el 15 de marzo de 1978.

¿Qué propuestas tienen estando al frente de la entidad hace más de 15 años?

Nuestros objetivos centrales tienen en miras asegurar una Asociación sólida que garantice la vigencia de un Poder Judicial y de unos Ministerios Públicos independientes y prestigiosos que puedan gozar de la confianza y del reconocimiento de nuestro pueblo.

Así como destacar los logros concretos y tangibles que implica haber mantenido durante los más de 15 años que nos encontramos al frente de la A.M.F.J.N. Ellos son: la intangibilidad de nuestras remuneraciones; la dignidad del régimen jubilatorio del que gozamos los magistrados y funcionarios del Poder Judicial y los Ministerios Públicos; la preservación de la Justicia Nacional ante el anunciado “traspaso”; el respeto de la carrera judicial tanto en su diseño interno como en su ponderación en los concursos; así como la independencia de los jueces en materia de contenido de sentencias y, como postulado supremo, la independencia del Poder Judicial y los Ministerios Públicos.

¿Cuál piensa que será la clave de las elecciones?

El éxito de una gestión no se debe valorar sólo por los avances  generados, sino también por los valores y garantías de funcionamiento que se han sabido preservar. Por ello, creo que el asociado va a acompañar una gestión que logró conservar los valores institucionales,  éticos y garantías que demanda un servicio de justicia independiente, así como la tranquilidad funcional y profesional de cada magistrado.

Se podría pensar que habrá un cambio en la entidad tras varios años de gestión. ¿Cómo logrará la continuidad de la Lista Bordó?

Con un equipo de trabajo integrado por jueces, fiscales, defensores, secretarios y peritos, conocidos y reconocidos en sus ámbitos de trabajo, con años de experiencia en la justicia y de intachable conducta funcional y conformación ética. Desde Raúl Madueño, Miguel A. Caminos, Luis María Cabral, Ricardo G. Recondo, María Lilia Díaz Cordero, hasta la actual lista que se presenta este jueves.

Hernán Moncla en el medio de la imagen es el candidato a Presidente de la AMFJN por la lista Bordó que hoy preside Lilia Díaz Cordero (izquierda).

¿Qué piensa del traspaso de la Justicia nacional a la C.A.B.A. y lo que implicaría?

Tuvimos una tarea importante en la oposición al traspaso, con debates de alto nivel en el ámbito de la Legislatura Porteña y la Cámara de Diputados, destacando en todo momento las desigualdades con los colegas locales, y la falta de adecuación de la organización porteña al artículo 120 de la Constitución Nacional.

La lista Bordó siempre se ha opuesto al traspaso, ha sido su posición firme y clara en el gobierno de la Asociación durante los últimos 16 años, y ha logrado desde esa posición que todos los intentos de traspaso de distintos gobiernos no pudieran llevarse a cabo. 

No está garantizada la estabilidad, en cuanto nuestra remoción queda en manos de un Consejo de la Magistratura que puede disponerlo por mayoría simple de sus miembros, mientras que en la jurisdicción nacional esta función la cumplen el Consejo de la Magistratura Nacional y los Jurys de Enjuiciamiento de los Ministerios Públicos, todo ello con mayores garantías conocidas por todos. Tampoco está garantizada nuestra situación en cuanto al sistema jubilatorio y a los beneficios que nos otorga la obra social del Poder Judicial de la Nación.

¿Qué piensa sobre el proyecto de ley que plantea que los jueces y demás magistrados pase a pagar el impuesto a las ganancias?

Desde hace los más de 15 años que nos encontramos al frente de la A.M.F.J.N. mantuvimos la postura de defender la intangibilidad de nuestras remuneraciones así como la dignidad del régimen jubilatorio del que gozamos los magistrados y funcionarios del Poder Judicial y los Ministerios Públicos.