El Defensor General de la Ciudad, Horacio Corti, advirtió que los proyectos para modificar los códigos Contravencional y Procesal Penal porteños son “regresivas para el pleno ejercicio de los derechos de las personas, ya que resultan contrarias a la Constitución de la Ciudad, la Constitución Nacional y las declaraciones y tratados de derechos humanos y atentan contra el principio constitucional de defensa en juicio”.
En relación con la Ley de Procedimiento Contravencional, Corti explicó que la nueva redacción que se propone del artículo 20 habilita la detención de una persona por el solo hecho de la flagrancia (que se esté cometiendo la contravención en ese momento), obviando el requisito de resistencia al cese y la manda constitucional de que exista daño o peligro.
Según planteó el Defensor General, con la reforma propuesta la única manera de hacer cesar una contravención sería la detención, aun si existieran para ello medidas menos gravosas. Así, afirmó que “se reinstalan mecanismos autónomos de control social en manos de la policía”, tales como los que existían en la época de los edictos policiales.
Crédito: Tiempo Judicial.
Respecto a los cambios en el artículo 18 de esta ley, que habilitaría la denuncia anónima, Corti sostuvo que “parece estar destinada a brindar mayor margen a la policía para iniciar procedimientos contravencionales” y recordó que si lo que se pretende es resguardar la identidad de una víctima, hay otros mecanismos para ello.
En cuanto a las modificaciones al Código Contravencional, destacó que llevarían a la “criminalización de colectivos y comunidades en situación de clara vulnerabilidad” y permitirían “la detención de prácticamente cualquier acción realizada en el espacio público”. En ese marco, hizo hincapié en que se pretende incorporar el arresto en figuras que ya existen (como el acoso sexual callejero o el caso de los cuidacoches) y en nuevos tipos contravencionales (como limpiar vidrios o fijar carteles en la vía pública), y manifestó su preocupación en aquellos casos en los que acción sancionada es un medio de vida.
“En definitiva, ninguna de las modificaciones propuestas agiliza el procedimiento contravencional ni amplía derechos y por el contrario, algunas de ellas resultan francamente contrarias a la Constitución de la Ciudad, la Constitución Nacional y las declaraciones y tratados de derechos humanos”, aseguró el Defensor.
Debate en comisiones en la Legislatura por los cambios al código porteño.
Por otro lado, en torno a la propuesta de reforma del Código Procesal Penal, Corti expresó que conlleva “graves restricciones a la libertad personal, además de limitar, injustificadamente, el derecho a la asistencia y la defensa en juicio”. Actualmente todo imputado tiene derecho a ser asistido desde el primer instante en que es detenido, pero la nueva redacción permitiría a las fuerzas de seguridad diferir, de forma arbitraria en el tiempo, el derecho de ser asistido por un/a defensor/a, desde ese primer momento. “El ejercicio del derecho a la asistencia jurídica podría estar supeditado a la efectiva propuesta de la persona imputada y de este modo se sustituirá al verdadero titular de la obligación de garantizar la asistencia, que es el Estado”, dijo Corti.
La presencia del Defensor/a en el lugar de la detención, permite el eficaz ejercicio del derecho de defensa y el control de las condiciones de la detención. Corti describió como “innecesario” el cambio propuesto y se preguntó: “¿Qué razón hay para limitar un derecho que en la práctica se viene llevando a cabo por la Defensa Pública sin generar conflictos ni discusiones judiciales?”
“Resulta alarmante que a la vez que se busca reformar los tipos contravencionales para criminalizar las actividades de subsistencia en el espacio público, se pretenda también modificar las garantías que ofrece la Ley de Procedimiento Penal respecto de la detención de los contraventores”, concluyó el titular del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad.
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