Buenos Aires
27 de Mayo 2018

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El Consejo aplicó sólo una multa a un juez acusado de encubrir casos de trata

Hoy el plenario del Consejo de la Magistratura de la Nación aplicó una multa de reducción del 30 por ciento de su salario al juez del Tribunal Oral Federal (TOF) de Santa Cruz Mario Reynaldi, acusado de encubrir una red de trata de personas en Río Gallegos. El cargo que se le imputó fue el de haber gestionado y haberse interesado en asuntos de terceros incumplido así con las obligaciones establecidas en el Reglamento para la Justicia Nacional.

 

La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación en abril había aprobado por mayoría el dictamen 59/18 que proponía llevar a juicio político a Reynaldi y suspenderlo en sus funciones. La acusación había sido presentada por la consejera Adriana Donato.

 

En ese entonces eran cuatro los cargos que se le imputaban al juez. El primero por “haber mantenido contacto habitual con una persona imputada por el delito de trata de personas, en una causa compleja y de relevancia en la que se investiga la conducta de varios implicados en una banda criminal bajo la órbita de la criminalidad organizada”.

 

El segundo por “haber obtenido y utilizado información de una causa judicial para alertar a su amigo imputado sobre las medidas, a fin de beneficiarlo de tal modo, frustrando además la eficacia de la medida y perjudicando gravemente el curso de la investigación”. Y otros dos por “haber accedido a una causa judicial sin ser parte ni contar con autorización a fin de beneficiar su propia situación procesal y de haber gestionado y haberse interesado en asuntos de terceros”. 

 

Reynaldi fue denunciado por el fiscal de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, Marcelo Colombo, en 2015 por presunto mal desempeño en sus funciones por brindar protección a Horacio Herrera, un comisario santacruceño que manejaba una red de explotación sexual de mujeres. 

 

El fiscal inició la investigación hace tres años por “Presunta Trata de Personas en Paraje La Esperanza”,  donde se investigaba la actividad en los prostíbulos “La Correntina”, “El Chancho” y “Cambalache” instalados en Río Gallegos. Y amplío la imputación a “Casa Grande” y al prostíbulo vinculado a éste, de nombre “Verónica”. 

 

En ese expediente se investigó a Herrera, comisario mayor retirado de la Policía de la Provincia de Santa Cruz, por la participación en la comisión de reiterados delitos vinculados con la trata de personas con fines de explotación sexual, resultando coimputado junto con Humberto Luis Gómez (Luisito) y Gladis Elizabeth Wagner.

 

Allí, sostuvo el fiscal de la causa, se determinó que el domicilio de Ramón y Cajal 1535, denominado “Casa Grande”, era administrado por Herrera y se ejercía la prostitución, además de ser la sede donde residían las mujeres que se prostituían en el prostíbulo “Verónica”.

 

El dictamente de Donato es claro en sus acusaciones contra el magistrado sureño “mal desempeño” de sus funciones como juez por haber incurrido en los siguientes cuatro cargos: 

 

Haber mantenido contacto habitual con una persona imputada por el delito de trata de personas, en una causa compleja y de relevancia en la que se investiga la conducta de varios implicados en una banda criminal bajo la órbita de la “criminalidad organizada”. 

 

Afectar la honradez y la credibilidad que debe inspirar el Magistrado a los demás órganos de gobierno y a la sociedad, interesándose en la obtención y utilización de información de una investigación judicial para colaborar en beneficio de su amigo sindicado.

 

Haber accedido a una causa judicial sin ser parte ni contar con autorización a fin de beneficiar su propia situación procesal.

 

Haber gestionado y haberse interesado en asuntos de terceros.

 

Típico prostíbulo en el sur del país.

 

 

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