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Drogra en la Villa 1-11-14: el modus operandi de “Marcos”

Esta semana empezó el cuarto juicio al narcotraficante “Marcos” con la declaración de un policía que custodiaba en el Bajo Flores de la Ciudad de Buenos Aires. Detalló el modo de operar de “Marcos” Estrada González y su banda de más de 40 “soldados”. 

El juicio está a cargo del Tribunal Oral Federal N° 3 con la investigación a cargo de la Fiscalía General N°6 Diego Velasco y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), de Diego Iglesias. En la etapa de declaraciones están acusados Marco Antonio “Marcos” Estrada Gonzáles, su esposa Silvana Salazar y su suegra Enriquez Alarcón, acusados como organizadores, y otras cuarenta y tres personas por integrar la banda a través de la distribución de drogas y el manejo de armas de fuego.

Según la investigación, la organización narcocriminal operaba en la Villa 1-11-14 y un primer policía declaró el modo en que la organización dominaba el territorio y cómo funcionaba la venta de drogas en la vía pública con un complejo sistema de vigilancia. “Vendían en la vía pública y lo hacían con total impunidad. Vendían pasta base, cocaína y marihuana”, dijo el oficial de la federal en la primera jornada.

crédito: Matías Pellón/ Ministerio Público Fiscal Nación.

En su declaración relató la tarea de investigación que desarrolló entre 2009 y 2016, con la proyección del mapa de la Villa 1-11-14 en la sala AMIA de los tribunales federales de Retiro, el declarante hizo una minuciosa descripción de cómo estaba organizada la banda ante los jueces Javier Feliciano Ríos, Fernando Machado Pelloni y Andrés F. Basso. 

Durante su exposición recordó que la asociación delictiva contaba con cuatro puntos fijos de venta que se mantuvieron a lo largo del tiempo. En esos lugares, los imputados utilizaban “riñoneras o morrales”  para guardar la droga y luego venderla, y agregó que “cualquier persona que pasaba por ahí veía la comercialización y las personas armadas”.

Asimismo, detalló que había integrantes con roles definidos dentro de la organización, entre ellos vendedores, satélites, custodios, acopiadores encargados de puntos de venta y finalmente los líderes de la banda.

“Marcos” Estrada está procesado junto a su mujer, su suegra y 43 integrantes de la banda.

Modus operandi

El policía, el primer testigo en declarar pero que arrojó datos claves en la investigación, en su relato desarrolló el “modus operandi” para la venta de drogas, cómo trabajaban abiertamente y “estaban con armas en la calle” lo que les garantizaba un “dominio del territorio, controlando los accesos y alertando sobre la presencia de las fuerzas de seguridad”.

El oficial también relató un sistema de alertas en distintos “anillos”, alarmas a través de pulsadores y presencia de personas encargadas de custodiar la actividad de los vendedores armados. También explicó las complejidades de la investigación y el temor que generaba en los vecinos todo este sistema, razón por lo cual no se animaban a declarar ante la justicia.

Al término de la etapa de instrucción de la causa, el fiscal federal Juan Pedro Zoni junto al titular de la Procunar Diego Iglesias explicaron que la organización contaba con un sistema piramidal, en cuya cúspide se encuentran personas directamente dedicadas a organizar y financiar la actividad ilícita, pero sin tener contacto directo con el material de carácter ilícito.

Los estupefacientes quedarían a cargo de otros integrantes, con funciones específicas para lograr constantemente la disposición de droga y armamento para desarrollar el emprendimiento criminal de la forma requerida por los líderes. De acuerdo a la pesquisa, también existía un segundo escalafón dedicado a tareas de control, la supervisión de la venta al menudeo y la recolección del dinero producto de la comercialización de los estupefacientes.

El narco “Marcos” ya tiene tres condenas por este tipo de delitos y fue expulsado del país tras una sentencia de la jueza en lo Contencioso Administrativo, Liliana Heiland, que avaló la extradición al Perú.

El peruano Marco Antonio “Marcos” Estrada Gonzáles había apelado la resolución de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) que ordenó su expulsión del país a raíz de su probada y reiterada actuación como líder de una organización dedicada a delitos vinculados al tráfico de estupefacientes en la Villa 1-11-14, por lo cual fue condenado en tres oportunidades. Además del cuarto juicio que continúa en los tribunales federales.

La defensa de Estrada Gonzáles había interpuesto recurso de apelación y de nulidad de sentencia, sobre el argumento de que la decisión judicial pasó por alto su derecho constitucional a la integridad familiar y el derecho a la nacionalidad de su hijo.

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