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Confirmaron la condena de un hombre que abusó de una mujer en un subte

La sala 3 de la Cámara Nacional de Casación Penal confirmó una condena de siete meses en suspenso a un hombre que manoseó a una mujer durante un viaje en subte en la línea C. El hecho sucedió en agosto de 2015, en un vagón de la Línea C. 

En promedio, la Justicia recibe “diez denuncias mensuales” por este tipo de delito. A su vez, con datos de 2018 de la fiscalía porteña, niñas, adolescentes y mujeres adultas llaman un promedio de 160 veces por día al 911 para denunciar hechos de acoso o abuso mientras viajan en un transporte público en el área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano. 

Las denuncias aumentaron ya que las víctimas de acoso y abuso en el subterráneo de Buenos Aires se van incrementando dada las pésimas condiciones en las que se viajan: apretados, sin aire, poca frecuencia, demoras y medidas de fuerza que afectan el servicio a diario. 

En esa línea, la Fundación Thomson Reuters realizó el año pasado una encuesta sobre este tema que ubicó a la Ciudad de Buenos Aires como la sexta capital con la red de transporte público más peligrosa para las mujeres por acoso sexual, entre 16 relevadas. Bogotá, capital de Colombia y la ciudad de México encabezan el ranking de inseguridad para ellas. En esta última ciudad hay vagones exclusivos para mujeres en el subterráneo y en el Metrobus, como medida preventiva.

El hombre fue condenado a siete meses de prisión en suspenso por “abuso sexual simple”, luego de manosear en tres ocasiones a la víctima, aprovechándose de la congestión de gente que viajaba en ese momento.

De acuerdo al fallo dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº9, en agosto de 2015 el imputado le apoyó la mano en la cola de la víctima dos ocasiones mientras el subte estaba en movimiento. Al llegar a la estación, volvió a “hacerlo con más fuerza para rápidamente alejarse de ella”. La víctima fue a recriminarle su actitud mientras solicitaba que se acercara algún policía para identificar al hombre.

Allí, el Tribunal consideró que los casos de los delitos sexuales se llevan a cabo “en circunstancias aprovechadas, elegidas o predispuestas por el autor, fuera de la vista de eventuales testigos, y además, en la mayoría de los casos, la reconstrucción de lo sucedido depende del relato de quien aparece como víctima”.

Durante el trámite del recurso, intervino en el caso el Área de Asistencia del Ministerio Público Fiscal ante la Casación, representada por el fiscal Carlos Hernán García. La condena dictada fue a siete meses de prisión en suspenso por el delito de abuso sexual simple.

La sentencia que confirmó el fallo de “abuso sexual” en el subte destacó, además, que es de público conocimiento que por las “pésimas condiciones de servicio” en los medios de transporte se producen contactos involuntarios, lo que constituye “un espacio favorable para quienes buscan autosatisfacción abusando de los cuerpos ajenos”.

Ante el fallo, la defensa recurrió la condena ya que consideró que los jueces habían valorado arbitrariamente la prueba obtenida en el debate: sostuvo que se habían basado únicamente en los dichos de la víctima, lo que no era suficiente para llegar a una sentencia condenatoria.

La postura del Ministerio Público Fiscal estuvo centrada en marcar que la condena no resultaba arbitraria y que debía ser confirmada. Tuvo en cuenta la valoración de los dichos de la única testigo y cómo fueron acompañados en el caso por diversas fuentes, conforme a la amplitud probatoria que amerita analizar con perspectiva de género las circunstancias especiales en las que se desarrollaron los actos de violencia y quiénes habían resultado ser sus naturales testigos.

Los jueces Mario Magariños y Alberto Huarte Petite decidieron que debía rechazarse el recurso y confirmar la sentencia. Sostuvieron, en primer lugar, que la revisión de la sentencia debía hacerse a la luz de la normativa vigente para el juzgamiento de los sucesos de violencia contra las mujeres (artículo 16, inciso “i”, de la ley 26.485 de “Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en los que desarrollan sus relaciones interpersonales”). Esto obliga a los organismos del Estado a garantizar a las mujeres, en cualquier procedimiento judicial, “el derecho a la amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados”.

Por su parte, el juez Pablo Jantus, en disidencia, sostuvo que debía hacerse lugar al recurso de casación y absolver al imputado ya que, según su criterio, la sentencia condenatoria se había basado únicamente en el testimonio de la víctima y que el valor incriminatorio estaba limitado a lo que el tribunal creyó subjetivamente, sin que fuera posible un control por parte de la defensa.

Para realizar denuncias en el ámbito porteño se puede recurrir a las Unidades de Orientación y Denuncia de la Fiscalía, llamar al teléfono 0800-333-47225, por correo electrónico a denuncias@fiscalias.gob.ar o en la web : www.fiscalias.gob.ar/denuncia-en-linea.
 

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