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El tribunal autorizó a Cristina a viajar a Cuba y declara a su vuelta

La decisión del TOF 2 se enmarca en el pedido de la ex presidenta para ausentarse en el feriado del 9 de julio para visitar a su hija Florencia que realiza un tratamiento médico en Cuba. El viaje será entre el 2 y el 10 de julio por lo que Cristina Kirchner no estará en el país en la semana del 8 al 12 de julio . Ese lunes 8 no habrá audiencia del juicio por la causa “Vialidad” ni actividad judicial en los tribunales de Comodoro Py.  Adjuntamos resolución.

Este lunes se llevó a cabo la cuarta audiencia por la causa conocida como “Vialidad”, en la que Cristina Fernández de Kirchner se encuentra acusada junto a otros 12 detenidos por el direccionamiento de la obra pública vial a favor de Lázaro Báez en Santa Cruz. El proceso lo lleva adelante el Tribunal Oral Federal N°2 integrado por Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu. La próxima audiencia es el 24 de junio y podría declarar antes de su viaje a Cuba del 2 al 10 de julio. 

La audiencia comenzó a las 9.50 horas dando lugar a otra jornada dedicada a la lectura de la acusación de la fiscalía, en la sala AMIA de los tribunales federales de Comodoro Py. La ex presidenta llegó de muy buen humor y hasta se la vio riendo junto con Federico Paroulo, abogado del ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV),  Nelson Periotti.

La senadora y pre candidata a vice presidenta pidió autorización al TOF 2 para viajar a Cuba donde su hija Florencia se encuentra realizando un tratamiento médico por estrés postraumático y un linfedema ligero en sus piernas. El viaje sería entre el 2 y el 10 de julio por lo que no coincidiría con ninguna de las audiencias, ya que el 2 es martes y el lunes siguiente es feriado puente por el 9 de julio.

Como en cada audiencia, la ex Jefa de Estado fue acompañada por funcionarios, actores y dirigentes que se acercaron hasta los tribunales para apoyarla. Entre los asistentes estaban los diputados Daniel Filmus, Hugo Yaski y Nilda Garré,  los actores Gerardo Romano y Arturo Bonín, el dirigente sindical de SUTEBA, Roberto Baradel y la madre de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas, entre otros.

La semana pasada la defensa de Lázaro Báez pidió suspender la audiencia, debido a que su abogado Víctor Hortel sufrió un accidente cerebro vascular (ACV), y su co-defensor, Esteban Balían presentó su renuncia. Finalmente el TOF 2 no dio lugar al pedido ni aceptó la renuncia.

El ex secretario de Obra Pública, José López, escuchó la audiencia como siempre en la esquina opuesta al resto de los acusados. Al mismo tiempo, en la sala N°2 ubicada en la otra punta del mismo pasillo, se llevó a cabo la audiencia de otro de los juicios que enfrenta López, en este caso por enriquecimiento ilícito, por el famoso vídeo de los bolsos en el convento de Gral. Rodríguez. Según pudo averiguar este cronista, el próximo miércoles el Tribunal Oral Federal N°1, a cargo de la causa, dictaría un veredicto.  

El total de las fojas de la acusación de la fiscalía contra Cristina y el resto de los acusados son 584 y se está leyendo un promedio de 100 páginas por audiencia, por lo que se estima que se necesitarán una o dos audiencias más antes de pasar a las acusaciones de las dos querellas: la de la Oficina Anticorrupción (OA) y la de la Unidad de información Financiera (UIF), ambas presididas por funcionarios del macrismo: Laura Alonso y Mariano Federici.

Después de casi cinco largas horas de lectura, Carlos Beraldi, abogado de Cristina, pidió concluir la audiencia como lo acordado – a las 14.30 horas – a lo que el tribunal contestó que eran las últimas tres páginas. Finalmente, se definió cuarto intermedio hasta el próximo lunes 24 de junio a las 9.30 horas.

Parrilli habló frente a los tribunales de Py

En las puertas de Comodoro Py, Oscar Parrilli, ex secretario Legal y Técnico del gobierno de Cristina, habló  con los medios. Según el ex director general de la Agencia Federal de Inteligencia, varias de las irregularidades denunciadas “ocurren en todas las obras públicas de todo el país”. Además aseguró: “En todos los casos se cumplieron los pasos administrativos, hubo licitaciones y varios oferentes”.

Instantáneamente fue cruzado por una colega que aseguró que las demás empresas también pertenecían a Báez, a lo que Parrilli contestó que estaba equivocada y que “en ningún caso se había demostrado que había pagos sobre trabajos no realizados”. Finalmente concluyó asegurando que el juicio es “bochornoso, vergonzoso y claramente una persecución política”.

 

 

 

 

 

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