Buenos Aires
21 de Noviembre 2017

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Cambios en ley de responsabilidad penal de empresas

Por Nicolás Durrieu, abogado especializado en derecho penal económico

 

La comisión de Justicia y Penal del Senado cambios a la Ley de responsabilidad penal de empresas.

 

El proyecto pasó de abarcar todos los delitos del código, a limitarlo a los más importantes contra la administración pública (de corrupción) tales como el cohecho local y extraterritorial y balances falsos. De esta manera vuelve al proyecto original del PEN. Hubiera sido mejor que incluyeran a otros delitos que suelen concurrir, tales como el delito de lavado de activos y otros vinculados con el crimen organizado.

 

Se eliminó la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública (de corrupción) que agregó el Massismo en diputados. Hubo consenso de todos los bloques ya que generaría una inseguridad jurídica que vulneraría el principio constitucional de ser juzgado en un plazo razonable (art. 8, inc. 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos). Justamente, si queremos que los procesos no sean interminables, esto lo hubiera fomentado ya que el juez no tendría plazo para investigar. El foco debe darse en exigirle a los jueces que actúen con celeridad y no darles un plazo indefinido. La justicia lenta no es justicia (estudios demuestran que duran un promedio de 14 años), y cuanto más pasa el tiempo la prueba desaparece y los testigos fallecen.

 

Se establece una prescripción única y especial de 6 años para las personas jurídicas, la cual resulta mayor y diferente –ya que depende del máximo de cada delito, art. 62, inc. 2 del CP)- a la establecida por el código penal para las personas físicas. Se dejó a salvo la aclaración que se aplica la suspensión o interrupción de la prescripción establecida en el código penal. Cabe destacar que el  art. 67, segundo párrafo, del Código Penal establece que se suspende la prescripción (es decir se comienza a contar desde) hasta que todos los funcionarios públicos involucrados en el hecho dejen su función.

 

Se establece una multa de 2 a 5 veces el valor de la ganancia. En el proyecto girado por Diputados la multa se basó en el 10% de los ingresos brutos obtenidos por la sociedad en el ejercicio anterior, lo cual puede llegar a sumas siderales y que en el plano jurídico se la cuestionó ya que el monto no tiene relación con el hecho, vulnerándose así derechos constitucionales.

 

Se agregó que el pago de la multa puede ser fraccionado durante 5 años si peligran los puestos de trabajo y la necesidad que las sociedades que contratan con el Estado Nacional tengan un programa de integridad adecuado. Se mantuvo el acuerdo de colaboración eficaz con el fiscal.

 

Se eliminó la responsabilidad solidaria de la persona jurídica controlante por hechos cometidos por la sociedad local. (art. 4 del proyecto girado por diputados). Ello no quita que de todas maneras la persona jurídica pueda ser responsable en razón de los principios de autoría y participación criminal del Código Penal (art. 45 y 46).

 

Se eliminó la responsabilidad de la persona jurídica por los hechos cometidos en el marco de acuerdos asociativos, de agencia, concesión o fideicomiso. Ello no quita que de todas maneras la persona jurídica pueda ser responsable en razón de los principios de autoría y participación criminal del Código Penal (art. 45 y 46).

 

Se agregó como exclusión de la responsabilidad penal de la persona jurídica cuando la sociedad haya realizado una autodenuncia de manera “espontánea”, que devuelva el beneficio obtenido y que tuviera un programa de cumplimiento adecuado. Espontáneo se refiere a que no sea como consecuencia de una denuncia, inspección o requerimiento de alguna autoridad pública. De esta manera se le dan incentivos a la empresa para que colabore con las autoridades antes que se inicie un proceso penal.

 

Recordemos que antes se establecía una responsabilidad objetiva y automática de la persona jurídica por hechos de sus dependientes, y no se le daba posibilidad de que se excluyera su responsabilidad si había hecho las cosas debidamente. Además de esta manera se muestra que los controles internos funcionaron si detectaron el hecho ilícito de un empleado. Esta posibilidad ya se encuentra establecida en el art. 16 de la ley 24.769 (penal tributaria).

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