Tras conocerse los chats del viaje a Bariloche que incluyó a jueces federales, el fiscal general de la ciudad, y abogados del Grupo Clarín, así como ex integrantes de inteligencia, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) emitió un comunicado en el que sostiene que hay que “dilucidar la verdad de los hechos y que éstos produzcan consecuencias concretas para sus responsables”. “Deben brindar a la ciudadanía una explicación verídica y consistente de lo sucedido”, dicen.

“Ni las y los jueces ni las y los políticos deberían aceptar recibir beneficios que no pueden confesar en voz alta por parte de otros sectores de poder. Y más obvio aún: tampoco pueden tratar de encubrirlo acordando fraguar documentación o influenciar las líneas editoriales del periodismo”, dice el comunicado.

Desde la asociación también destacaron que debe investigarse las prácticas que dieron lugar a las filtraciones ilegales que se habrían producido nuevamente en este caso. Aunque más allá de ello “no exime de responsabilidad política -y eventualmente penal y/o disciplinaria- a quienes deben brindar a la ciudadanía una explicación verídica y consistente de lo sucedido”.

También detallaron que prácticamente “no existen procesos disciplinarios contra jueces y juezas que culminen en su destitución (ocurrió tan sólo 18 veces desde el año 1999); y, paralelamente, quienes son o fueron actores clave del accionar de nuestro aparato de inteligencia durante las últimas décadas tienen aún márgenes de acción amplísimos para seguir operando desde ‘los sótanos de la democracia’”.

Quienes aparecen en las filtraciones son los jueces Julián Ercolini, Carlos Mahiques, Pablo Yadarola y Pablo Cayssials; al fiscal general porteño Juan Bautista Mahiques; el ministro de Seguridad de CABA, Marcelo D’Alessandro; el exjefe de Legales de la SIDE, Tomás Reinke; Leonardo Bergot, también ex miembro de la secretaría de Inteligencia y empresarios del multimedio Clarin.

“Este escándalo puede ser más que un nuevo escándalo. Una vez más, tenemos la oportunidad de tener un resultado distinto en favor de nuestra democracia: hay fiscales que tienen que investigar, juezas y jueces que tienen que juzgar, Consejeras y Consejeros de la Magistratura y autoridades políticas que deben impulsar procesos disciplinarios, referentes de los principales partidos que deben dejar de ver la paja sólo en el ojo ajeno y, por esta vez, no proteger irreflexivamente a los propios”, insistieron desde ACIJ.

Y concluyen: “El funcionamiento adecuado de nuestra democracia se sanea de una sola manera: quienes conforman los distintos sectores de poder deben estar a la altura de los cargos que asumen y dejar de repetir estas prácticas, y quienes tienen responsabilidades de control deben hacer su aporte para que estas verdades salgan integralmente a la luz, tengan las debidas sanciones y se adopten las medidas necesarias para evitar la repetición de sucesos que erosionan la credibilidad y capacidad de acción de las instituciones públicas que nuestra comunidad política ha sabido construir”.

Juicio político y denuncias ante el Consejo

Al intento de juicio político en la Legislatura Porteña contra el ministro de Seguridad y el fiscal general Mahiques se sumaron las denuncias a los jueces en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Finalmente el gobierno nacional solicitó la investigación de los jueces Julián Ercolini, Mahiques, Yadarola y Cayssials por el viaje en un avión privado que realizaron junto a empresarios de medios, funcionarios porteños y ex agentes de inteligencia a la mansión de magnate británico Joe Lewis en Lago Escondido, Río Negro.

El escrito, de unas 16 páginas, firmado por el representante del Ejecutivo en el cuerpo, Gerónimo Ustarroz, fue presentado en la mesa de entradas del consejo. Allí puede leerse  "necesario que se dé curso a una investigación en el seno de este Cuerpo ya que, de resultar comprobadas, las conductas descriptas podrían subsumirse en la causal de mal desempeño en el ejercicio de las funciones".